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La deslegitimación de los sistemas electorales ha dejado de ser un recurso marginal o una reacción desesperada tras la derrota para convertirse en un método sistemático de disputa y ejercicio del poder a escala global. El quiebre de la convivencia democrática en el siglo XXI rara vez se produce mediante el golpe militar clásico. Enhorabuena. El deterioro se gesta ahora en forma paulatina desde los gobiernos a través de la erosión planificada de la confianza en las instituciones encargadas de arbitrar el voto ciudadano.
El caso paradigmático de Occidente tuvo su punto de inflexión después de las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Donald Trump, entonces presidente, instauró una doctrina de «fraude preventivo» al atacar el voto por correo, presionar a funcionarios de ratificación en Estados clave como Georgia y desplegar decenas de demandas judiciales sin sustento probatorio. La narrativa de la «elección robada» deslegitimó el triunfo de Joe Biden, fracturó la confianza pública y culminó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Lejos de extinguirse, esa estrategia de agitación en torno a las urnas mantuvo una dinámica ininterrumpida. Trump reflotó el relato de la vulnerabilidad institucional al desclasificar archivos y denunciar una supuesta injerencia cibernética de China en esos comicios y acusar a los organismos de inteligencia de su país de haber encubierto las fallas del sistema. El uso periódico de la sospecha sobre la infraestructura electoral, aderezado con el fantasma de la conspiración extranjera, busca preparar el terreno político y justificar reformas restrictivas de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
La erosión interna se codea con la intromisión directa y deliberada de líderes extranjeros en las elecciones de otros países para respaldar a aliados o denigrar a rivales
El libreto encontró eco en Brasil. Los seguidores de Jair Bolsonaro, crítico durante varios años de la fiabilidad de las urnas electrónicas, desconocieron la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 y arremetieron en enero del año siguiente, dos años y dos días después del estallido de los muchachos trumpistas, contra los tres poderes de Brasilia. Otro tanto había ocurrido en Perú en 2021. La sospecha de un «fraude en mesa» enarbolada por Keiko Fujimori tras su estrecha derrota ante Pedro Castillo paralizó al país y sembró una crisis de gobernabilidad de largo aliento.
No se trata de una artimaña exclusiva de la derecha. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mantenido un discurso recurrente de recelo hacia la Registraduría Nacional y los sistemas informáticos de escrutinio como los de la firma Thomas Greg & Sons. Encuadró los reveses bajo la figura de «golpes blandos» u orquestaciones de las élites tradicionales. En ese escenario de alta tensión, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, respondió con discursos del mismo tono y apeló en forma preventiva a las Fuerzas Armadas para forzar la estabilidad y la transición en medio de un debate político al borde del choque institucional.
La erosión interna se codea con la intromisión directa y deliberada de líderes extranjeros en las elecciones de otros países para respaldar a aliados o denigrar a rivales. La diplomacia electoral ha desdibujado las fronteras. En 2023, Lula, Petro y los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de México, Andrés Manuel López Obrador, expresaron su rechazo al entonces candidato presidencial argentino Javier Milei, cercano a Trump, el partido español Vox, Giorgia Meloni, Viktor Orbán y Marine Le Pen. Dos años después, Trump rescató a Milei del abismo electoral con un swap de divisas por 20.000 millones de dólares. Favor con favor se paga.
Cuando la diplomacia se transforma en un apéndice de las urgencias electorales, las relaciones entre Estados quedan subordinadas a afinidades personales y conveniencias de trinchera
Tras haber respaldado a Orbán en Hungría y a Karol Nawrocki en Polonia, el cultor del movimiento MAGA convirtió la política exterior en un instrumento de campaña. No solo eso. También abochornó frente a las cámaras al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, por haber visitado instalaciones industriales en Pensilvania con dirigentes demócratas antes de las últimas elecciones de Estados Unidos. Cuando la diplomacia se transforma en un apéndice de las urgencias electorales, las relaciones entre Estados quedan subordinadas a afinidades personales y conveniencias de trinchera
Orbán perdió en Hungría frente el conservador Péter Magyar después de haber permanecido 16 años en el cargo de primer ministro, pero, al igual que Petro en Colombia, más allá de pertenecer a extremos opuestos, llamó a la «resistencia nacional”. En su caso, por destituciones de altos cargos impulsadas por el nuevo gobierno. A diferencia de quienes rechazan el conteo tras perder, Orbán y su partido, Fidesz, crearon un sistema por el cual las elecciones se celebraban en forma periódica para mantener una fachada democrática, pero las normas estaban alteradas desde el origen. Duró hasta las elecciones del 12 de abril.
Si de trampas se trata, Nicolás Maduro violó las leyes tras las elecciones venezolanas de 2024, algo que ya había ocurrido en 2018. Punto de no retorno al cual no quisieron llegar el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su mujer y copresidenta, Rosario Murillo. Abolieron las futuras elecciones al estilo chino, cubano y norcoreano. En 2021 habían encarcelado a los candidatos presidenciales de la oposición, disuelto sus partidos y convertido en apátridas a los disidentes. La revocación de derechos completa la transición hacia el régimen de partido único. El sueño secreto de los que, democráticos al fin, procuran jugar con la cancha inclinada.
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