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Una oleada migratoria ha llevado a miles de marroquíes a cruzar a nado y a pie la frontera de Ceuta. Cerca de 2.000 arribos en los días previos habían desbordado la capacidad de control de la ciudad autónoma. Ante la petición de auxilio del enclave español en el norte de África, el gobierno de Pedro Sánchez reforzó la presencia policial y movilizó al ejército. A su vez, las autoridades de España y Marruecos echaron mano del repertorio clásico de “colaboración ejemplar”, “redes ilegales de tráfico de personas” y el compromiso de “entregar lo antes posible” a quienes ingresaron sin papeles. Puro paripé político.
La respuesta de Sánchez ante el nuevo colapso operativo ha sido acordar con su homólogo marroquí una entrega urgente de los recién llegados, apelando al tratado bilateral de retransmisión de 1992. Papel pintado, quizá, frente a una sentencia reciente del Tribunal Supremo de España: impone límites para las llamadas devoluciones en caliente de indocumentados. No se puede echar del país a quien entre a nado o salte una verja.
El antecedente inmediato data de la crisis migratoria de mayo de 2021. Fue una bisagra en las relaciones entre España y Marruecos que redefinió la política fronteriza de la Unión Europea. La entrada irregular de 10.000 personas en apenas 48 horas excedió por completo las capacidades asistenciales y de seguridad de Ceuta y desencadenó una tormenta geopolítica de magnitud.
Los flujos migratorios pasaron a ser una herramienta de presión política frente a España y la Unión Europea
Aquel episodio estuvo vinculado a la decisión del gobierno de Sánchez de acoger por motivos de salud a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Se trata del movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental, el único territorio no autónomo de África. España lo restituyó a Marruecos en 1975.
El reino de Mohamed VI interpretó la solidaridad con Ghali como una afrenta diplomática y relajó entonces, acaso como ahora, los controles fronterizos del espigón del Tarajal. El gobierno español, preocupado por la cooperación en seguridad y el control fronterizo, respaldó en marzo de 2022 la propuesta de autonomía marroquí en el Sahara Occidental.
Los flujos migratorios pasaron a ser de ese modo una herramienta de presión política frente a España y la Unión Europea. La crisis consolidó la percepción de que la estabilidad de Ceuta y Melilla, el otro enclave español en África, representa un pilar crítico del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Lo más complejo de estos conflictos sigue siendo el arribo masivo de menores extranjeros no acompañados, “menas” en la jerga española, así como la generosidad del gobierno socialista con los inmigrantes indocumentados. Blanco frecuente de críticas del Partido Popular y de Vox desde la oposición.
La regla no escrita del Mediterráneo indica que las fronteras se custodian con la voluntad del vecino de enfrente
Cual trasfondo de la nueva oleada, Sánchez visitó a Argelia para recomponer el suministro energético y equilibrar la balanza bilateral. Mohamed VI, bendecido por Donald Trump como contrapeso de la mala relación que mantiene con el gobierno español y otros enrolados en la OTAN, lee cualquier acercamiento a su rival histórico como una ofensa o una tibieza respecto de sus pretensiones sobre el Sahara Occidental.
La invasión de Ceuta coincidió con el 27º aniversario de su llegada al trono. Este año indultó a 1.788 presos. Entre ellos, uno con pena de muerte y otro con cadena perpetua. En 2025 fueron casi 20.000. Muchos de ellos, se presume, huyen a España. Lo cual expone una crisis de seguridad.
La regla no escrita del Mediterráneo indica que las fronteras se custodian con la voluntad del vecino de enfrente. Marruecos, frente a España, ocupa el papel de gendarme y, al mismo tiempo, de árbitro de las crisis migratorias. Como dice Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso: «Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben».
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