Crónica de dos terremotos

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CARACAS.- 2026 queda grabado en la geografía del dolor latinoamericano como el año en que las placas tectónicas no solo devoraron vidas al sacudir concreto, cabillas y columnas, sino que desnudaron las entrañas de dos modelos de gobernanza distintos.
El 24 de junio de 2026, un destructivo doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 fracturó el norte de Venezuela. Apenas un mes y medio después, el 10 de agosto, un violento sismo de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, estremeció el occidente y centro de Colombia. El 20 de agosto, ocurre un tercer terremoto, pero en Ayacucho, Perú, con menos potencia por haber tenido mayor profundidad y sin daños que lamentar.
Son las dos primeras las catástrofes de magnitudes descomunales, mucho mayor la de Venezuela, hechos que sirvieron como brutales exámenes de resistencia para las autoridades. Por un lado, la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en Caracas, toma el sismo en un año de expectativas de transición; por otro, el naciente gobierno de Abelardo de la Espriella, en Bogotá, se enfrentaba al desastre apenas tres días después de ascender al poder. Comparemos sus respuestas.

Parálisis centralizada versus hiperactividad mesiánica, con contrastes en medios cerrados y abiertos

Eran las 6:04 pm de un 24 de junio, feriado de San Juan en el país, y Venezuela, acostumbrada a no ver a su selección en el Mundial, se refugiaba en el fanatismo latinoamericano siguiendo el partido entre Brasil y Escocia. La Guaira colapsó en un minuto cincuenta segundos. En un instante, el fútbol y la danza en honor al santo del pueblo quedaron en el olvido: de pronto todo fue estruendo, con la desconexión abrupta de los dispositivos de quienes se hallaban dentro de casa: laptops, celulares, plasmas, radios. Quedó la recepción parcial de quienes pudieron observar el desplome a metros. La magnitud del doblete sísmico rebasó la capacidad de respuesta. Más de 6 mil muertos contabilizados a la fecha. “Luego del temblor y de un crujido, de pronto todo se oscureció”, es un testimonio común entre quienes sobrevivieron y fueron rescatados de los escombros. Sobre las horas vitales, las primeras 100, surgieron dudas de la respuesta gubernamental.
En rueda de prensa del primero de julio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó: “Se desplegó inmediatamente el sistema de protección civil… Nosotros no esperábamos un día, dos días, tres días. Inmediatamente se activó. Las primeras horas fueron de inmediata atención, despliegue de 4,000 funcionarios civiles y militares que al día siguiente se incrementó y llegamos a 14,000 funcionarios. Hoy hay en el estado de La Guaira más de 19,000”. Atribuyó las críticas a una “matriz mediática elaborada en laboratorios” cuya consigna era «bajen todos a La Guaira para causar caos”. Pero los medios del Estado no transmitían testimonios de las personas que buscaban a los familiares entre los escombros. Aún a esta fecha, dos meses después, algunos dicen que los siguen buscando por sus propios medios. Los testimonios contradicen la «inmediatez» de la respuesta gubernamental. En sensata declaración ante un medio televisivo, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que la mitad de los directores de la gobernación fallecieron durante los terremotos del 24 de junio. Además, 400 funcionarios policiales quedaron damnificados. Justificaba así el retraso en las actuaciones. “Se les murieron sus familiares. La mitad de los directores de la Gobernación fallecieron, nuestro personal. No había comunicación».
La respuesta estatal fue calificada unánimemente por los sobrevivientes y observadores como lenta, ineficiente y desprovista de recursos básicos. Había muerto una cantidad importante de autoridades de La Guaira, y, ante el colapso del principal aeropuerto de Maiquetía y el puente de Caraballeda, el poder centralizado en Caracas dependió de la improvisación y de una respuesta que tardó en llegar con la maquinaria pesada de remoción. En Colombia, la comunicación y la libertad de expresión levantó otro tipo de cuestionamiento, sobre la empatía de las autoridades ante el dolor. Con un ecosistema de medios privados poderoso, en la nación neogranadina sí hubo libertad para comunicar sobre la tragedia, en contraste con una Venezuela con un deprimido y restringido panorama comunicacional.
El terremoto del 10 de agosto golpeó solo tres días después de que Abelardo de la Espriella jurara como presidente, en Cali, bajo un discurso de mano dura y recortes draconianos al Estado.
El mandatario grabó videos desde el avión presidencial. Se trasladó el mando a Bogotá, se desplazó a Quibdó y encomendó el país a «Jesucristo» en alocuciones cargadas de simbolismo religioso, olvidando una pasada declaración en la cual se calificaba como ateo. Al mismo tiempo, la primera dama, Ana Lucía Pineda, emprendió una campaña activa para recolectar ayuda para los damnificados.
La hiperactividad mediática dejó colar contenidos que hirieron sensibilidades. Antes de ofrecer un balance que superaba el centenar de víctimas, De la Espriella fue captado en cámaras lanzando besos y sonriendo, evocando su victoria, aspecto que fue cuestionado por el candidato del Partido Verde, Camilo Romero.
La imagen causó una campaña de desinformación aderezada con Inteligencia Artificial, para falsamente afirmar que el mandatario ya en ejercicio seguía de fiesta, mientras Pereira, Cali y El Chocó estaban de luto. No ayudó a salvar el comentario mordaz de algunos el hecho de que, en momentos cuando el país buscaba cuerpos entre los escombros, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con tres días en el cargo, fuera duramente criticado y citado a una moción de censura en la Cámara de Representantes, tras publicarse fotos suyas vacacionando en las playas de Santa Marta en plena emergencia.
Beltrán presentó luego sus disculpas, indicando que no renunciaría, ni al ministerio ni a su rol de padre y esposo.
En Venezuela, el temor a la crítica no estaba enfocado al qué hacían en específico los gobernantes, sino al clamor de dolientes y damnificados en las zonas de desastre. Durante una transmisión en vivo en TikTok que documentaba los rescates en la capital, el locutor Gabriel Tinoco fue amedrentado por un funcionario con ser trasladado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) si no detenía la transmisión. Adicionalmente, el corresponsal de ABC News Australia, Kamin Gock, y su equipo, denunció intimidación y amenazas por parte de funcionarios de seguridad del Estado durante su cobertura.
En Colombia el equivalente de restricción fue de menor alcance. La Fundación para la Libertad de Prensa publicó un pronunciamiento el 14 de agosto: agentes de la Policía bajaron cámaras y empujaron a periodistas que cubrían la emergencia en Cali. Un reportero empujado siguió reportando, su medio publicó y la cifra oficial del día pudo contrastarse. En La Guaira, buena parte de lo que el mundo supo las primeras cien horas salió de una sola fuente, sin contraste independiente.

Distinto enfoque para el orden público y control de las ayudas

La divergencia más dramática entre ambos países se manifestó en el tratamiento del orden público y la gestión de los centros de abastecimiento.
En Colombia, la respuesta institucional se centró en la militarización defensiva ante el temor a disturbios. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, decretó de inmediato el toque de queda nocturno y la militarización de sectores vulnerables para prevenir saqueos, una medida replicada en Pereira por el alcalde Mauricio Salazar para resguardar el comercio céntrico. El Ejército asumió funciones policiales rígidas y custodió físicamente los centros asistenciales y de acopio, priorizando el control territorial como paso previo a las transferencias de ayuda.
En Venezuela, el aparato del Estado se enfocó menos en la seguridad de los donativos y tuvo énfasis en el control político de la solidaridad ciudadana. No se quería que opositores se hicieran de capital político con la tragedia. Ante una sociedad civil que se activó de forma masiva y espontánea mediante plataformas digitales y centros de acopio comunitarios, las fuerzas del orden reaccionaron con alcabalas. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y militares bloquearon de forma sistemática las iniciativas vecinales de recolección, exigiendo permisos estatales o confiscando insumos.
En Altamira (Caracas), la policía retuvo donaciones recolectadas por ciudadanos y exigió que solo fueran trasladadas en vehículos oficiales. En Guanarito (Estado Portuguesa), Protección Civil prohibió la recolección civil argumentando que solo el Estado podía ser centro de acopio, mientras que alcaldes oficialistas en municipios clave como Charallave (Yubismar Hernández) y Campo Elías (Jesús Rodríguez) prohibieron taxativamente la instalación de centros de acopio independientes, forzando a los ciudadanos a entregar las donaciones exclusivamente en las sedes del partido de gobierno (PSUV). Los voluntarios espontáneos de Caracas fueron llevados a registrarse a un mostrador estatal instalado en una infraestructura pública conocida como el Poliedro.

Diferencias en el trato a los rescatistas y voluntarios

La comparación en el terreno humano de los rescatistas ilustra contrastes de ambos aparatos institucionales. Mientras en Colombia el despliegue del Ejército y los rescatistas operó bajo una cadena de emergencia de mando centralizado, pero abierta a la ayuda voluntaria, en Venezuela la respuesta estatal entró en pugna con quienes intentaban salvar vidas, desde dentro y fuera de las zonas de desastre.
Un ejemplo de esta política de control fue el caso de Wilmer Antonio Cruz, apodado «El Topo de La Guaira«. Cruz, quien dijo haber rescatado a más de 60 personas tras el colapso de las estructuras, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el 2 de julio de 2026, luego de ser captado en un video cuando increpaba a los funcionarios. Tras su arresto, activistas y familiares denunciaron su desaparición forzada a manos del propio Estado. Lo liberaron, no sin antes activar mensajes por distintas redes sobre antecedentes penales que acumulaba en el pasado. Después de su liberación, dio las gracias en video y no ha vuelto a declarar al respecto.
Otro episodio es el del doctor Huniades Urbina-Medina, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Con postura crítica al gobierno, el galeno denunció que las fuerzas de seguridad intentaron de forma torpe expulsarlo y le prohibieron atender a las víctimas en un hospital de Caracas, bajo la excusa de no ser personal activo del recinto.

Sobre los gastos públicos para la emergencia

El sismo de 2026 también dejó ver inconsistencias del enfoque de recorte severo del gobierno colombiano. Abelardo de la Espriella había llegado al poder prometiendo reducir el Estado en 40% y congelando el gasto público en su primer decreto.
Sin embargo, al tercer día de su mandato, su administración mantuvo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Superintendencia Nacional de Salud, organismos públicos que su propio plan fiscal, elaborado por su asesor Daniel Raisbeck, contemplaba fusionar o eliminar. Al tercer día de gobierno, la respuesta al mayor desastre natural del país en décadas se sostuvo enteramente sobre esas dos entidades.
El presidente descubrió qué significa que una unidad nacional de gestión del riesgo llegue a un terremoto sin director titular: La UNGRD operó los dos primeros días sin tenerlo, pues David Tamayo fue designado el 12 de agosto. La lección no era a priori sino a posteriori: doscientas noventa y cuatro personas muertas, tres mil novecientas treinta y cinco heridas y trescientas veinte desaparecidas para el 15 de agosto.
En Venezuela, la centralización burocrática y el asfixiante control militarizado asfixiaron la agilidad de los rescates, de tal forma que los ciudadanos de a pie tuvieron que convertirse en sus propios e improvisados socorristas ante la falta de grúas y camiones estatales. El gobierno priorizó el monopolio del relato y el control de la ayuda en las zonas costeras incomunicadas.
El balance en Venezuela, golpeada por un doblete sísmico de menor profundidad, es claramente más trágico: al 18 de agosto el parte era de 6.438 muertes, mientras continúa la búsqueda de cuerpos entre los escombros y la detonación de edificios afectados. El gobierno no ofrece cifras de personas desaparecidas.
Venezuela evidenció cómo un régimen se abrió más a la ayuda internacional: al tercer día operaban en el país 44 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, 2.245 especialistas y 140 perros, de 27 países. Recibió quince millones de dólares del fondo de emergencia de la ONU; cinco millones de euros de la Unión Europea; un fondo multidonante de la CAF de hasta doscientos millones; y más de doscientos militares estadounidenses —cien especialistas en gestión de aeródromos para Maiquetía, ciento treinta marines para reabrir el puerto de La Guaira— enviados por el mismo Comando Sur, que semanas antes era el enemigo del relato oficial.
Colombia, en cambio, tardó en abrir la puerta. Las ofertas del sistema de Naciones Unidas, de México y de China no obtuvieron respuesta clara en los primeros días. La brigada mexicana Topos Tlatelolco reportó no haber recibido
autorización rápidamente. La cooperación que sí entró: veintidós expertos de Estados Unidos, apoyo peruano, más de cien toneladas de insumos salvadoreños.
Venezuela brindó acreditación a la prensa nacional e internacional que cubrió el fenómeno, pero prefirió seguir manteniendo control de la narrativa, adjudicarse la solidaridad autónoma de su pueblo antes que ceder terreno a opositores, y continuar, aunque bajo el tutelaje de Estados Unidos, con sus prácticas de censura y represión.