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A veces, los acuerdos entre las cúpulas levantan ampollas en la ciudadanía. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, camino a su nueva investidura, conformó a los suyos. No todos de acuerdo en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el método aplicado para torcer un resultado electoral adverso. El de la repetición apresurada de las elecciones, el 23 de julio, después de la debacle de la izquierda, el 28 de mayo.
Sánchez perdió frente al candidato por el conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero, para quedarse en la Moncloa, recurrió a seis partidos pequeños (entre ellos, EH Bildu, la izquierda soberanista vasca, heredera de la banda terrorista ETA) y a un prófugo de la justicia de su país. Un mal trago para parte de los socialistas, renuentes a pactar con el partido Junts de Carles Puigdemont, el prófugo en cuestión, y con su rival, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), después del referéndum ilegal con el cual se propusieron declarar el divorcio de España.
¿Qué les ofreció Sánchez a cambio de sortear nuevas elecciones y correr el riesgo de perder otra vez? Una ley de amnistía para los separatistas catalanes, inmersos en causas legales por el intento fallido de secesión de 2017. Puigdemont, eurodiputado refugiado en Bélgica desde que huyó de Cataluña para no ser arrestado, sería el primer beneficiado, así como otros funcionarios y ciudadanos envueltos en el procés, nombre de la cruzada independentista. La dibujó Sánchez en el atril como una vacuna contra la extrema derecha.
Curiosamente, además de los encrespados reproches del PP y de Vox, ni Junts ni ERC se mostraron satisfechos con el discurso de Sánchez en el Congreso de los Diputados
El PP y su socio más incómodo, Vox, de ultraderecha, están que trinan. En los últimos días hubo concentraciones en las calles contra la investidura de Sánchez. Y una pata floja, la del Tribunal Constitucional de España, encargado de resolver la competencia de las comunidades autónomas más allá del acuerdo político frente a la mención de una palabra clave, lawfare, frecuente entre expresidentes acusados de corrupción en Iberoamérica. Traducida: guerra jurídica o judicialización de la política. El PSOE, antes en contra del referéndum catalán, admite de este modo que el sistema judicial español fue utilizado con fines partidarios contra los independentistas.
Curiosamente, además de los encrespados reproches del PP y de Vox, ni Junts ni ERC se mostraron satisfechos con el discurso de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Unos, según el diputado y portavoz Gabriel Rufián, porque el compromiso incluía no sólo la amnistía, sino también un nuevo referéndum en Cataluña. “No se la juegue”, le advirtió a Sánchez. Los otros, según su colega de Junts, Miriam Nogueras, porque careció de valentía y porque “no ha empleado los términos fijados en el pacto entre ambas formaciones”.
Desde la muerte de Franco, socialistas y conservadores se han alternado en el gobierno de España con apoyos legislativos de nacionalistas catalanes, vascos y canarios. El espectro político se vio fragmentado tras la crisis económica de 2008 con el surgimiento de Podemos, luego Unidas Podemos, hijo de los indignados de izquierda, y del partido centrista Ciudadanos, primero, y del ultraderechista Vox, después. En 2018, el PSOE y Unidas Podemos formaron el primer gobierno de coalición desde el retorno de la democracia con Sánchez como presidente y Pablo Iglesias como vicepresidente hasta que compitió en Madrid y perdió.
El discurso de Sánchez pareció ser de oposición, como si los males de los últimos cinco años hubieran sido causados por el PP y Vox
Sumar, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vicepresidenta de Sánchez, a la cabeza, llenó el vacío de los podemitas mientras, en la otra acera, la derecha, se extinguía un partido moderado, Ciudadanos, hundido en las regionales, y emergía con ímpetu Vox, emparentado con el candidato presidencial argentino Javier Milei. De España recibió el apoyo de su líder, Santiago Abascal, así como de dos figuras del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente del gobierno Mariano Rajoy.
¿Cuánto costará la fiesta de Sánchez? Su discurso pareció ser de oposición, como si los males de los últimos cinco años, los de su gobierno, hubieran sido causados por el PP y Vox. Tensión reforzada, fuera del hemiciclo y dentro de él, con policías blindando los 179 votos a favor, más de los que obtuvieron Felipe González en 1989, José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y Rajoy en 2016. En España, polarizada, no solo la izquierda y la derecha dirimen el poder, sino también aquellos que no se sienten arropados bajo la misma bandera.
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