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Flanqueado por sus pares de Cuba y Nicaragua, Nicolás Maduro se proclamó presidente de Venezuela para un tercer período a pesar de estar flojo de legitimidad y de papeles. A la toma de posesión solo asistieron Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, déspotas en cuyos espejos puede verse reflejado. Eso ocurrió un día después de la confusa detención y liberación de la dirigente opositora María Corina Machado, parodiada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, a raíz del video que supuestamente le hicieron grabar en los 20 minutos durante los cuales se desconocía su paradero.
Machado había encabezado un acto multitudinario en Caracas después de haber vivido 133 días en la clandestinidad. Iba en una moto. De regreso a su refugio. El conductor resultó herido de bala. Cabello se burló de la situación en su programa de televisión, Con el mazo dando: «La Sayona (personaje de leyenda que castiga a los hombres infieles) juega a que la están persiguiendo. Por cierto, ¿si ven un bolso azul por ahí, me avisan?”. En el video, Machado había dicho que estaba “bien”, “segura”. Que la habían perseguido, “y se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias”.
Como si nada, Maduro juró al día siguiente en la Asamblea Nacional. Nunca presentó las actas de votación de las elecciones del 28 de julio. Ese día, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por los suyos, suspendió en forma sorpresiva la transmisión de los resultados. Se trata del mismo órgano que le concedió el triunfo en las presidenciales amañadas de 2018, también cuestionadas por parte de la comunidad internacional, frente a una oposición dividida, encabezada por Henri Falcón, disidente de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
En la práctica, Venezuela tiene dos presidentes: uno fraudulento y otro certificado
Esta vez, Machado había arrasado en las primarias de la oposición, en octubre de 2023, pero fue proscripta por una sanción de la Contraloría General de Venezuela que le impide ejercer cargos públicos por 15 años. El pretexto, rechazado por ella: no incluyó en su declaración de bienes algunas bonificaciones que recibía cuando era diputada. Designó como candidato presidencial a Edmundo González Urrutia, exembajador en Argentina. Un desconocido en su propio país que debió subir la cuesta hasta alcanzar la cumbre con el triunfo en las generales, no reconocido por el régimen.
En la práctica, Venezuela tiene dos presidentes: uno fraudulento y otro certificado. No es la primera vez que ocurre. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al cual aludió Maduro varias veces en toma de posesión, se proclamó presidente encargado en enero de 2019. Desde entonces hay dos ámbitos legislativos y judiciales. Las de la oposición, en el exilio. El mismo destino de Guaidó, después de haber sido reconocido por medio centenar de gobiernos. Los altos cargos militares, consentidos por Maduro con puestos ministeriales, concesiones petroleras y proyectos mineros, le dieron la espalda, así como sus pares de la oposición en 2022.
Como presidente encargado, Guaidó habría logrado que se congelaran activos venezolanos en el exterior, como el oro depositado en el Banco de Inglaterra, valuado en un billón de dólares. El apoyo de otros gobiernos, comenzando por el de Donald Trump, se fue diluyendo a medida que la estrategia no daba el resultado esperado: la caída del régimen. González Urrutia, respaldado por el ahora presidente electo de Estados Unidos, cuenta con algo más que una herramienta constitucional: las pruebas de haber derrotado a Maduro en las urnas. ¿Alcanzan? Esa es la duda, dado el escaso poder de fuego de la presión internacional.
Después de las protestas de los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la estrategia represiva instrumentada por el régimen con motivo de las elecciones
Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Paraguay rompieron relaciones con Venezuela, aupada, entre otros, por Rusia, China e Irán. Virtuales rivales de Estados Unidos, sin vínculos diplomáticos con Maduro desde 2019, aunque esa faceta no acompañe la económica. Si bien el régimen culpa a Estados Unidos y Europa del deterioro económico, el gobierno norteamericano flexibilizó parcialmente las sanciones en octubre de 2023 a raíz del acuerdo con la oposición para las elecciones. Esa autorización venció en abril de 2024, pero la petrolera Chevron consiguió extenderla hasta abril de 2025.
La recuperación económica después de la hiperinflación, de 2017 a 2021, con aumentos de precios de tres dígitos por mes y reconversiones monetarias por las cuales se eliminaron varios ceros de los bolívares, así como la dolarización, sirvió como argumento del régimen para disimular desde la pobreza hasta el magro salario de bolsillo, solo por encima del que perciben los cubanos y los haitianos.
En ese contexto, después de las protestas de los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso la estrategia represiva instrumentada por el régimen con motivo de las elecciones. Dice el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral que hubo tres etapas:
- En la primera, durante el período preelectoral, el Estado obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. El régimen detuvo arbitrariamente a opositores, defensores de los derechos humanos y líderes sociales, y amedrentó e inhabilitó a dirigentes de la oposición.
- La segunda fase tuvo lugar durante las presidenciales. Hubo graves denuncias de fraude electoral y un inconformismo generalizado en la población. Anticipando un fraude electoral, la oposición recolectó el 83,5% de las actas nacionales. Prueba del triunfo del de González Urrutia.
- En la tercera etapa, el régimen lanzó la Operación Tun Tun. Dejó un saldo de 25 muertes, más de 2.000 arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos gracias a la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo; la corrupción, y el control de los poderes públicos. Vía libre para la impunidad.
La misma impunidad con la cual el régimen mantiene los tres poderes en un puño al estilo de sus aliados Cuba y Nicaragua. En el ínterin devolvió empresas y bienes expropiados en los tiempos de Chávez y restableció relaciones con Fedecámaras, el gremio empresarial que sacó del Palacio de Miraflores al padre del socialismo del siglo XXI durante 47 horas en 2002. La boliburguesía se vio escaldada por varios escándalos de corrupción. Entre ellos, la fuga de 16.600 millones de dólares. Cayeron unos 65 funcionarios y empresarios cercanos a Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, detenido y acusado, además, de conspirar con la oposición y Estados Unidos para tumbar a Maduro.
https://reporteasia.com/opinion/2025/01/13/dos-por-uno-en-venezuela/