Asesinato en México, impunidad en EE.UU.
La bala partió de los Estados Unidos. Ingresó en México. En la cabeza de Sergio Hernández, de 15 años de edad. Jugaba con dos amigos del otro lado de la valla que Donald Trump pretende prolongar y abaratar con paneles solares. El agente fronterizo Jesús Mesa supuso que los muchachos eran inmigrantes ilegales. Atrapó a uno y, mientras lo sujetaba, le disparó a Hernández. Lo mató. Estaban en la frontera entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas. Es un caso único, ocurrido en junio de 2010. Siete años después, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió devolverlo a un tribunal de apelaciones. Resolvió lavarse las manos, en realidad. El caso arribó a la máxima instancia judicial de los Estados Unidos en coincidencia con los afanes de Trump de terminar la construcción del muro y de aumentar la dotación de agentes fronterizos frente a México. La resolución coincidió, a su vez, con la decisión unánime de ese cuerpo de permitir la aplicación acotada del decreto migratorio que fijó una veda de 90 días al (leer más)
