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En Bolivia, el conflicto crónico se ha convertido en una identidad política. Rutas bloqueadas, fogonazos en el altiplano, marchas de la Central Obrera Boliviana (COB) y varias ciudades cercadas por el clamor popular. En especial, La Paz y su tapón logístico, El Alto. Postales que, desde el 1 de mayo, exhiben un síntoma peligroso para la estabilidad democrática. Las protestas de sindicatos, campesinos, mineros e indígenas en rechazo a la escasez de combustibles, alimentos e insumos médicos, y a la Ley 1720 de recategorización de las tierras coinciden con una fractura expuesta dentro del Palacio Quemado (sede del gobierno).
El vicepresidente Edmand Lara, alias El Capitán Lara, decidió desmarcarse de la estrategia del Rodrigo Paz. Le exigió que evitara perseguir o detener a quienes protestan, como ordenó la Fiscalía General del Estado. Un mazazo a la legitimidad presidencial. La convulsión llevó a Estados Unidos a advertir que no tolerará el derrocamiento de líderes democráticos en el hemisferio. Detrás de la parálisis y el asedio, el gobierno de Donald Trump interpreta que se mueven intereses oscuros y facciones de izquierda vinculadas al expresidente Evo Morales, refugiado en la zona cocalera del Chapare para resistirse a una orden de captura por trata de personas.
Lara, expolicía y abogado, construyó su capital político en las pantallas de TikTok con denuncias contra la corrupción policial. Lo apartaron de la fuerza, terminó vendiendo ropa de segunda mano y, con su popularidad en ascenso como outsider, saltó a la política como compañero de fórmula de Paz. La victoria del binomio en 2025 prometía un gobierno equilibrado. Paz, de perfil moderado y dialoguista, asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025 buscando pactos y estabilidad. Lara, en cambio, asumió la vicepresidencia y la jefatura de la Asamblea Legislativa manteniendo su impronta indómita.
¿Puede un presidente sostenerse cuando su segundo actúa como el principal líder de la oposición mientras las potencias extranjeras miran de reojo un posible quiebre institucional?
Morales, causante de gran parte del descalabro económico de Bolivia, suele oler la sangre política en el asfalto. Utiliza ahora el desabastecimiento crónico y el alza del costo de vida como banderas del descontento para exigir un adelanto de las elecciones. No es una propuesta, sino un ultimátum. Ve en la asfixia de Paz una oportunidad dorada para presentarse como el único redentor posible de un país ingobernable, más allá de que la ciudadanía le haya bajado el pulgar para una cuarta candidatura presidencial y de que él mismo haya dinamitado su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), por la pugna con el presidente Luis Arce, su exministro de Hacienda.
En poco más de seis meses de gestión, Paz enfrenta un dilema clásico: gobernar no es solo administrar, sino sobrevivir a la física elemental de la calle y al enemigo que duerme bajo el propio techo. ¿Puede un presidente sostenerse cuando su segundo actúa como el principal líder de la oposición mientras las potencias extranjeras miran de reojo un posible quiebre institucional? Iberoamérica está llena de binomios que se prometen amor eterno y terminan en un divorcio sangriento una vez que el poder real entra en escena. Entre ellos, el caso argentino de Javier Milei y su ladera, Victoria Villarruel.
Otro tanto ocurrió con Cristina Kirchner y Julio Cobos: rompieron en forma explosiva cuando el vicepresidente votó en contra de la Resolución 125, un sistema de retenciones móviles para el agro con foco en la soja. Años después, Alberto Fernández y Cristina, en su papel de vicepresidenta, tuvieron una convivencia tan tóxica que parecía un culebrón fallido. En Brasil, Dilma Rousseff acusó a su vicepresidente, Michel Temer, de haber sido el gran traidor que impulsó su impeachment. Y en Paraguay, el vicepresidente Federico Franco arrimó la mecha para el juicio político exprés que terminó con el gobierno de Fernando Lugo.
No menos dramático fueron los casos de Ecuador. Lenin Moreno, antes alfil de Rafael Correa, le quitó todas las funciones a su vicepresidente, Jorge Glas, en prisión por cohecho en el escándalo de sobornos de la empresa Odebrecht. Más recientemente, Daniel Noboa desplazó a su vicepresidenta, Verónica Abad, suspendiendo por dos años sus derechos políticos para votar y ser votada, y enviándola al exilio diplomático como embajadora en Israel. Cerca, en Colombia, el vicepresidente Angelino Garzón también mostró fisuras públicas con Juan Manuel Santos por sus aspiraciones electorales.
Nada nuevo bajo el sol. Inclusive en Bolivia, donde las rencillas se remontan a 1903, cuando el vicepresidente Lucio Pérez Velasco pasó a ser el jefe de la oposición contra el presidente José Manuel Pando. Un siglo después, en 2003, Carlos Mesa asumió el cargo tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo sucedió en forma precipitada Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema. Estaba ansioso por entregarle el testigo a Morales. No por afinidad política, sino por algo que me confesó y que quizá piense Paz sin paz en La Paz: “Esto es como si hubieses entrado en un túnel del cual no puedes salir. Se apaga la luz y uno recibe palos de todas partes”.

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