Tobilleras políticas

Getting your Trinity Audio player ready...

Desde el 10 de junio, tres expresidentes sudamericanos de orientaciones políticas opuestas han sido condenados a prisión domiciliaria por causas diferentes. Dos de ellos, Cristina Kirchner y Jair Bolsonaro, deben usar tobilleras electrónicas. La del tercero, Álvaro Uribe, quedó en suspenso. Bonus track: detuvieron en Italia a una diputada brasileña aliada de Bolsonaro, Carla Zambelli, condenada a diez años de prisión por fraude y piratería informática, y ordenaron la restitución al Estado chileno de una fortuna en poder de los herederos del exdictador Augusto Pinochet. Todo en tiempo récord, más allá de los añares de los procesos.

Cartón lleno después de menos de dos meses de vértigo judicial. Sobre la expresidenta argentina, de 72 años, abanderada del degradado socialismo del siglo XXI, pesa una condena por corrupción, así como sobre el expresidente colombiano, de 73, enrolado en la derecha. En el caso de Bolsonaro, de 70, aún más a la derecha, el Supremo Tribunal Federal resolvió el encierro en su casa antes del juicio por la invasión y los destrozos de los tres poderes de Brasil en rechazo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Símil de la rebelión de los muchachos trumpistas en Washington, dos años antes, para evitar la certificación de Joe Biden.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amigo de Bolsonaro, dictó sanciones contra el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, y decretó aranceles adicionales del 50% para las importaciones brasileñas. La excusa usual, una cacería de brujas, le dio pie para una intromisión inadmisible en la soberanía de Brasil. El arresto de la diputada brasileña Zambelli echa más leña al fuego. Había cargado documentos falsos en el sistema del Consejo Nacional de Justicia. Entre ellos, una orden de arresto apócrifa contra el juez De Moraes.

Mientras los parientes de Pinochet deben devolver 16,2 millones de dólares sustraídos de las arcas fiscales utilizando la figura de gastos reservados, los tres expresidentes condenados encarnan la nueva ola democrática. No son presos políticos, sino políticos presos. Axioma que, después de los años de plomo de las dictaduras militares del Cono Sur, correspondió en Argentina a Carlos Menem, presidente entre 1989 y 1999, y en Brasil a Lula, presidente entre 2003 y 2010. La saga comenzó con su compatriota Fernando Collor de Mello, en el cargo de 1990 a 1992. Y siguieron las firmas en la región.

En Colombia, la condena a 12 años de prisión domiciliaria contra Uribe, presidente entre 2002 y 2010, no tiene precedente. Fue hallado culpable de soborno y fraude procesal por manipular testigos para evitar que lo vincularan con grupos paramilitares. Se trata del primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país. Está inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años. Pena que para Bolsonaro hasta las elecciones brasileñas de 2023 y de por vida para Kirchner, ambos engrillados a pesar de sus encendidos discursos sobre persecución política y lawfare (guerra judicial).

Engrillados y enclaustrados. ¿Cómo se creó la tobillera electrónica? Jack Love, juez de Bernalillo County, en Nuevo México, se inspiró en el cómic El Hombre Araña (Spider-Man). En la tira del 9 de agosto de 1977, publicada en varios diarios de Estados Unidos, el villano Kingpin le coloca a Spider-Man un brazalete electrónico que le permite conocer su ubicación en todo momento. El juez Love, sobresaltado con la imagen, entró en contacto con un ingeniero de Colorado, Michael Goss. Así nació Goss-Link, cuyo funcionamiento dependía de una línea telefónica. Cuarenta y ocho años después, la tobillera para delitos comunes pasó a ser política.