La negación del olvido

Finalmente, el gobierno de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, consumó la farsa electoral en Nicaragua. Una victoria sin atenuantes ni adversarios. No porque no hubiera candidatos opositores, sino porque la mayoría terminó presa e inhibida antes de las presidenciales con el pretexto de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”. Argucia hecha ley por la Asamblea Nacional a finales de 2020, de modo de aceitarle el terreno a Ortega para su quinto mandato, el cuarto consecutivo. La oposición quedó bloqueada como en las anteriores, las de 2016. Entonces, por la Corte Suprema. Esta vez, el mejor discípulo de la dinastía Somoza, a la cual derrocó al frente de la Revolución Sandinista de 1979, apeló a otro poder, el Legislativo. En la norma de título pomposo y apenas dos artículos, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, estampó su firma la diputada Loria Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional. Una excusa para iniciar la razzia (leer más)

Antes del abominable intento de magnicidio de la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, el gobierno y la oposición se prodigaban vituperios y acusaciones por cuestiones lejanas al sentido común y al común de la población mientras la inflación, la inseguridad y una crónica sensación de impunidad pasan por la esquina día tras día. El país de la frustración quedó ahora fuera de juicio. En las horas previas a la conmoción, la abogada Marta Nercellas resumía en el programa Cuarto de Hora, de CADAL TV, conducido por Jorge Elías, que el gobierno de Alberto Fernández había vulnerado los principios de la república al “no aceptar las reglas bajo las cuales estamos todos los ciudadanos” y que ese era, y es, “el principal motivo de conmoción en Argentina«. El país se ha visto desquiciado en las últimas semanas. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron el 22 de agosto que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. La acusan de haber liderado una red de corrupción (leer más)

Kamala Harris aplicó una máxima napoleónica durante el debate con Donald Trump: «Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error». Le siguió la corriente y, con cejas arqueadas, suspiros, mano en el mentón, sonrisas condescendientes, miradas compasivas y gestos desdeñosos, mantuvo el pulso frente a las cámaras, pendientes de su compostura y de los berrinches de su adversario. Ciertamente, la vicepresidenta borró el desempeño penoso de Joe Biden en el primer mano a mano con el expresidente, más empeñado en insistir en el supuesto fraude electoral de 2020 que en calibrar la estrategia de 2024. Con Biden era más fácil para Trump, aprovechándose de sus olvidos y de sus confusiones. Los años y los daños no perdonan. Harris, en principio, remontó una cuesta. Cuatro de cada 10 votantes de los Estados vacilantes, llamados Swing States, sabían poco o nada de la primera mujer en la historia que ejerce la vicepresidencia de Estados Unidos. Se retrató a sí misma como la primera mujer negra de ascendencia india que ocupó el cargo de fiscal en (leer más)