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Superada la posibilidad de que le sea aplicada la Carta Democrática de la OEA, la resolución aprobada insta al diálogo entre dos partes que lo rechazan
Por Jorge Elías
Están pasándola pésimo los venezolanos. Faltan alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. Las protestas se multiplican. Hay saqueos y cortes de electricidad y de agua. Caracas ha superado a San Pedro Tula, Honduras, en el indecoroso podio de las ciudades más violentas del planeta. La inflación de 2015 trepó al 180,9 por ciento, según el Banco Central de Venezuela. La de 2016 podría redondear el 400 por ciento. Latam Airlines, la principal empresa latinoamericana de aviación, suspendió en forma temporal e indefinida de sus operaciones en Venezuela, así como Lufthansa, Alitalia y Air Canada.
El país con las reservas de energía más grandes del mundo parece una bomba de relojería. La oposición exige apurar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro para evitar un estallido social. El presidente, ensimismado, huye hacia adelante. En la Organización de los Estados Americanos (OEA) no prosperó la iniciativa de su secretario general, Luis Almagro, de aplicar a Venezuela la Carta Democrática, instrumento adoptado el 11 de septiembre de 2001, en coincidencia con la voladura de las Torres Gemelas, para preservar el orden constitucional.
La resolución aprobada, obra de Argentina como presidenta del Consejo Permanente de la OEA, insta al diálogo entre dos partes que no quieren ni verse. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Allup, se mostró “desencantado con Macri”. La resolución habla del “respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional apegada a la Constitución y respeto a los derechos humanos”. Una de esas iniciativas, si no la más importante, es el revocatorio para el cual la oposición consiguió las firmas necesarias. Un 70 por ciento de los venezolanos apoya un cambio de gobierno, según Datanálisis.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con mayoría de número en la Asamblea Nacional por primera vez en 17 años, se inclinaba por la dura medida sugerida por Almagro, vilipendiado por Maduro. “Existe una percepción de milagro detrás de la Carta Democrática que no entiendo”, razonó la canciller argentina, Susana Malcorra, durante una reunión con periodistas en la cual adhirió a la declaración de acceso a la información del Grupo de Trabajo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Venezuela es un enigma de nueve letras, más allá de los delirantes arrebatos de Maduro contra la injerencia externa. Que existe, seguramente, pero no justifica extender con carácter indefinido el decreto de excepción y de emergencia que suspende las garantías constitucionales con la excusa de “proteger al pueblo de la derecha” ni movilizar a más de medio millón de soldados y civiles armados en un país que afronta gravísimos problemas de abastecimiento y de financiación para lograr que funcionen mínimamente las estructuras del Estado. Esa retórica no hace más que ahondar las diferencias.
La mediación de los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, Martín Torrijos, y de la República Dominicana, Leonel Fernández, resultó ser más útil para Maduro que para la oposición. Le permitió ganar tiempo. La Constitución venezolana establece en su artículo 72 que a mitad del mandato puede convocarse a una consulta popular para revocar el mandato presidencial antes del final del año. Si el presidente pierde, en 30 días debe haber elecciones. De hacerse después del 10 de enero (fecha de transmisión del mando), el presidente puede designar a un sustituto y, en cierto modo, continuar en el poder.
En 2004 hubo un revocatorio: “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente para el actual período presidencial?”. Eran otros tiempos. El 59,1 por ciento dijo que no. Al año siguiente, la oposición cometió el error garrafal de desertar de las elecciones legislativas ante el temor de un fraude con las máquinas recolectoras de sufragios. El boicot de la oposición, entonces y ahora dividida, terminó siendo un regalo al oficialismo del control absoluto de la Asamblea Nacional, del Consejo Nacional Electoral, de la Suprema Corte, de las fuerzas armadas y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Esa oposición, sucesora de los desprestigiados Acción Democrática y Copei, estuvo asociada a las décadas durante las cuales esos partidos se alternaron en el Palacio de Miraflores con percepción de impunidad, galvanizada en la brecha entre pocos ricos y muchos pobres. De ella, así como de los petrodólares girados al exterior, se valió Chávez para amalgamar en su movimiento a militares como él con ciudadanos dispuestos a ejercer tareas comunitarias y ser líderes barriales. Era el émulo de los círculos bolivarianos, copiados de Cuba y temidos por algunos segmentos de la sociedad por su poder de persuasión.
En ese enigma de nueve letras, la pelea por el poder, con políticos presos, como dice Maduro, o presos políticos, como dice la oposición, involucra a militares que, como los chavistas en general, también están divididos. “Un levantamiento militar está en el ambiente”, soltó el ex candidato presidencial Henrique Capriles, curiosamente satisfecho, a diferencia de Allup, con la resolución de la OEA. La grieta, de la cual no son ajenos unos ni los otros, demuestra que el diálogo, en realidad, es cada vez más difícil por la ceguera de unos y la estrechez de miras de los otros ante los padecimientos cotidianos de los venezolanos. Que siguen pasándola pésimo.
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