El averno en Tierra Santa

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Semanas de tensión en Israel se vieron momentáneamente aplacadas con el frenazo del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a una reforma judicial hecha a su medida. Estaba en vías de aprobación en la Knesset (Parlamento), más allá de las críticas domésticas y de la preocupación internacional frente a la posibilidad de que socave la independencia del Poder Judicial. La fatiga diplomática, con los Acuerdos de Oslo para crear dos Estados prácticamente descartados frente a la escalada de los enfrentamientos con los palestinos, influyó en el desmadre de calles atiborradas, puertos y aeropuertos cerrados y una huelga general en cierne.

La economía comenzó a mostrar signos de deterioro: el séquel (unidad monetaria) cayó a su menor valor desde 2021. Indicios más que suficientes para que Netanyahu, líder del Likud y de la coalición de partidos ultranacionalistas y ultrareligiosos que alguna vez fueron marginales, pactara retrasar sus planes hasta el verano con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, principal impulsor de la controvertida reforma judicial. La moneda de cambio sería la creación de una suerte de guardia nacional bajo el control de su cartera. Una forma de contenerlo y de contenerse frente al clamor que entraba por la ventana.

Ben Gvir, colono de Cisjordania y líder del líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), resultó clave para que la coalición radical de Netanyahu alcanzara la mayoría de número en la Knesset tras cinco elecciones en cuatro años. Lo condenaron por incitación y racismo y se le prohibió servir en el ejército israelí debido a su activismo en organizaciones extremistas, pero terminó siendo ministro de un área sensible en medio ataques y contraataques palestinos y de la idea de extender los dominios israelíes en Cisjordania. La seguridad tuvo un precio.

En medio de la inestabilidad política, Netanyahu pretende sacar provecho de la reforma judicial. Penden sobre su cabeza investigaciones por fraude, soborno y corrupción. La Knesset hizo sus deberes: sancionó una ley que lo blinda ante la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer el cargo. La Corte Suprema no puede ordenarle ahora que tome el llamado permiso de ausencia. Eso aleja al fantasma de una eventual renuncia por un conflicto de intereses.

El punto crucial de la reforma judicial, que debe superar tres votaciones en la Knesset para convertirse en ley, radica en el aumento de nueve a once miembros del comité que selecciona a los jueces

La tensión social creció al punto de convertirse en una crisis constitucional inédita. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, se convirtió en el primero en abandonar el barco tras rechazar públicamente la reforma judicial. El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, fracasó desde su cargo testimonial con un vano llamado a detener de inmediato el proyecto. Lo considera un avasallamiento de un poder sobre el otro. En este caso, en defensa de un primer ministro inescrupuloso que acusa a los tribunales de inmiscuirse en asuntos políticos y requiere un límite como si se tratara de un niño descarriado.

No es casualidad cualquier coincidencia con pataleos similares en otras latitudes, como en Argentina, sin ir más lejos, con el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o viceversa a la cabeza. Las protestas en Israel llegaron a un punto culminante con los sindicatos, los estudiantes y los militares en pie de reclamo antes de la pausa de la reforma judicial dictada por Netanyahu. Hasta sus más acérrimos defensores, como el ministro de Justicia, Yariv Levin, bajaron los decibeles cuando vieron el mar de gente en las calles. El presidente Herzog no descarta el riesgo de que se desate una guerra civil.

El punto crucial de la reforma judicial, que debe superar tres votaciones en la Knesset para convertirse en ley, radica en el aumento de nueve a once miembros del comité que selecciona a los jueces con el fin de darle al gobierno la mayoría de los escaños. Seis contra cinco en un ámbito formado por tres ministros; tres legisladores de la coalición y dos de la oposición, y tres jueces independientes. La seguridad en los territorios ocupados, por la cual votaron los israelíes frente al auge de los fundamentalismos, tiene un costo elevado: pone en peligro la democracia.

Los palestinos, a su vez, dejaron de confiar en la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y de Hamas en la Franja de Gaza, enfrentados entre sí. Si alguna vez un secretario de Estado norteamericano dijo que se arreglaran entre ellos y luego llamaran por teléfono a Washington, también pasan página del conflicto los países árabes. En algunos casos, estableciendo relaciones con Israel por medio de los Acuerdos de Abraham. Entre ellos, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tampoco ha hecho mucho por desminar el legado de Donald Trump. La guerra en Ucrania consume sus horas y las de los europeos mientras se desata el averno en Tierra Santa.