La metamorfosis mexicana




Era cuestión de limpiar la estantería. Barack Obama promovía “una relación entre iguales”. En vísperas de recibirlo en México, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó con gusto esa iniciativa. Su país, aupado por la estabilidad política y económica, está más cerca que otras veces de emparejar los tantos con los Estados Unidos, más allá de la difícil transición doméstica. Ese es, en realidad, el gran reto del remozado Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de haber estado en cuarentena durante 12 años. En los últimos seis, la guerra contra el narcotráfico y entre narcotraficantes, con su secuela de violencia y corrupción, llevó a México a lidiar con el bochornoso mote de Estado fallido.

¿Podía resolver esta delicada situación el PRI solo? De la necesidad surgió el Pacto por México. Es un acuerdo con el saliente Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) basado en casi un centenar de propuestas para hilvanar una reforma política, fiscal y económica. La agenda incluye el destino del coloso estatal del petróleo, Pemex. El compromiso tiene un antecedente del otro lado del Atlántico: el Pacto de la Moncloa, suscripto en 1977 por los principales partidos, empresas y sindicatos de España. De aquel tratado quedaron bienes que no abundan ahora América latina, como el diálogo y, sobre todo, el respeto a las minorías.

En México nunca existió nada similar. En sus 71 años ininterrumpidos de gobierno, el PRI preservó la distancia de los otros partidos y se consolidó como un apéndice del Estado apropiándose hasta de los colores de la bandera. Sólo Ernesto Zedillo, el último presidente de esa saga, procuró abrir el juego. Era tarde. En los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, signados por enfrentamientos internos y con la oposición, poco espacio hubo para cambios estructurales. Esta vez, la coincidencia excede a los partidos, envueltos en crisis capaces de socavar la autoridad de sus líderes.

La defensa de las instituciones frente a los poderes fácticos, prescripta en el Pacto por México, derivó en el arresto de la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada. Nadie podía creerlo. Como ocurre en otros países con dirigentes sindicales y colaboradores estrechos de los gobiernos, su lujoso tren de vida era incompatible con sus ingresos. La detuvieron a bordo de su avión privado en un país cuya educación no suele obtener las mejores calificaciones en los boletines de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Pacto por México cabalga no sólo sobre el afán de Peña Nieto de imponer la impronta de un gobierno en apariencia participativo y abierto, sino, también, sobre las peleas internas del PAN (el ex presidente Calderón, radicado en Cambridge, Massachusetts, por una beca de Harvard, está enfrentado con el líder del partido, Gustavo Madero) y del PRD (el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza de una formación con ansias de cobrar vuelo propio, Morena, también discrepa con el líder del partido, Jesús Zambrano).

La visita de Obama a México, con la reforma migratoria en cierne en los Estados Unidos y la reforma de telecomunicaciones en cierne en México, resultó favorable para Peña Nieto en coincidencia con la transformación política en medio de problemas económicos, como la caída del empleo y del salario, así como los vaivenes del crecimiento. Debe el Estado, más allá del actual gobierno, precisiones sobre la cantidad de desaparecidos (en muchos casos, desplazados) durante el sexenio de Calderón: se habla de 26.000 personas, una cifra pavorosa. Un grupo de madres hizo ayuno durante una semana, hasta ser recibida por las autoridades, para conocer el paradero de sus hijos.

El número de muertos relacionados con el crimen organizado ha bajado un 20 por ciento, según el gobierno, pero el promedio diario de abatidos, 34 entre enero y mayo respecto de los 41 en el mismo período de 2012, no deja de ser elevado y alarmante. En Michoacán, el Estado del sudoeste del país del cual es oriundo Calderón y en el cual lanzó la guerra contra el narcotráfico en 2006 con el ejército en las calles, Peña Nieto obró del mismo modo. Es la puerta de entrada del Pacífico de la droga proveniente de América del Sur, manejada por el cartel de los Caballeros Templarios, entre otros, en complicidad con las fuerzas policiales.

Tanto en ese Estado como en Guerrero, el gobierno federal ensaya la posibilidad de permitir el despliegue de grupos de autodefensa con participación ciudadana. No estarán armados. Sería algo similar a la denuncia segura de Ciudad Juárez y Tijuana, donde la gente colabora con las autoridades para terminar con la inseguridad. El problema es que la corrupción, otro gran lastre, contamina las mejores intenciones y ensucia la estantería mientras la metamorfosis, por ahora, despierta más expectativas en los medios internacionales que en las calles de México.



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