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En una nueva embestida contra las FARC, Uribe pide la cooperación de Europa
En 2002, las FARC estaban en su esplendor: tenían unos 20.000 combatientes y copiosos ingresos de orígenes turbios. Ese año capicúa, uno después de la voladura de las Torres Gemelas, Álvaro Uribe estrenó la presidencia bajo el asedio de atentados contra su vida. Ese año bisagra, uno antes de la guerra contra Irak, los Estados Unidos y la Unión Europea incluyeron la guerrilla más antigua del continente en sus listas de organizaciones terroristas. Ese año decisivo, el Capitolio aprobó una ley por la cual la ayuda militar norteamericana a Colombia comprendía, en una “campaña unificada”, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Seis años después, poco antes del rescate de los 15 rehenes de las FARC entre los cuales se encontraban la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y los contratistas norteamericanos Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, los mandos medios de la guerrilla perdieron contacto con sus superiores: las fuerzas especiales norteamericanas interfirieron las comunicaciones. Había surtido efecto la controvertida ley de 2002, resistida en los Estados Unidos por el temor a crear un nuevo Vietnam.
Las súbitas muertes de Raúl Reyes por un ataque militar y de Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, por un ataque cardíaco alteraron los planes de las FARC. Otro de los siete miembros de la cúpula, Iván Ríos, resultó asesinado por su escolta a cambio de una suculenta recompensa gubernamental; la única mujer al mando de un frente de combate, Karina, se entregó a las autoridades. En los primeros cinco meses de este año, según el gobierno colombiano, se desmovilizaron 1427 guerrilleros y paramilitares, y hubo 1098 capturados y 651 abatidos.
En cuatro décadas largas de existencia, las FARC crearon un Estado dentro del Estado. “Tirofijo” y Reyes, o viceversa, administraban los ingresos de la “maracachafa” (cocaína), el tráfico de armas, la “vacuna” (impuesto a hacendados y comerciantes) y los secuestros extorsivos. Alfonso Cano, ahora líder por descarte, ejercía el mando ideológico y Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, ejercía el mando militar; ambos manejaban el negocio de los secuestros políticos. El difunto Ríos, al igual que Iván Márquez, ejercía el mando diplomático por medio de la Comisión Internacional (Cominter), expandida en Suecia, Dinamarca, Alemania, Italia, Bélgica, España y Suiza.
Mientras Ingrid permanecía secuestrada, Uribe estaba en deuda con Francia y no podía pedir cooperación a los gobiernos europeos para desarmar la red de embajadas clandestinas. Desde enero de este año, en coincidencia con las liberaciones unilaterales de políticos como Clara Rojas, Consuelo González de Perdomo y Luis Eladio Pérez, Hugo Chávez lanzó su vana cruzada para exorcizar a las FARC, de modo que fueran despojadas del mote de banda terrorista y comenzaran a ser tratadas como una fuerza beligerante. Tuvo escaso eco. Sólo contó con el respaldo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desautorizado por Uribe para ser el siguiente interlocutor con sus “hermanos” de la guerrilla.
Aparentemente diezmadas, con menos de la mitad de la dotación y de las voluntades de 2002, las FARC quedaron en situación desventajosa, pero dejaron detrás de ellas una profusa estela de hipocresías y complicidades. “No hay un solo país del continente donde no tengan gente, ya sea para los contactos políticos o para sus actividades criminales”, concluye Bertrand de la Grange una exhaustiva investigación publicada en la revista mexicana Letras Libres.
No sólo en América latina extendieron sus tentáculos. La presunta representante en España, María Remedios García Albert, quedó en libertad bajo fianza después de haber sido detenida por el juez Baltasar Garzón por “una relación fluida, a través de correos electrónicos, y una dependencia casi rayana en la integración” con Reyes y otros personeros de la guerrilla en Colombia y otros países. Entre ellos, Omar Arturo Zabala Padilla, alias “Lucas Gualdrón”, delegado del extinto “Tirofijo” en Suiza: su gobierno, por no pertenecer a la Unión Europea, no considera terroristas a las FARC.
En México, durante el gobierno vitalicio del PRI, refugio usual de la izquierda latinoamericana en los años de plomo, llegaron a tener un representante con oficina. Era parte de la campaña de propaganda y respaldo logístico y financiero encarada por la Cominter.
Colombia puede estar ganando la guerra interna, pero lleva años perdiendo la guerra externa. Los documentos hallados en las computadoras portátiles de Reyes revelan vínculos de las FARC con gobiernos y dirigentes de varios países. Corroboró la autenticidad de los datos la Interpol, integrada por 186 Estados. Chávez y Ortega insisten en negar que las Toshiba “mágicas” o “milagrosas” resistieran la onda expansiva del bombardeo del ejército colombiano al campamento montado en Ecuador. Estaban dentro de maletas metálicas a prueba de golpes de las cuales Reyes no se separaba un segundo.
Con el éxito de la operación Jaque, Uribe procuró demostrar que, por la vía militar si no prospera el acuerdo humanitario, puede resolver solo el conflicto. La participación de presidentes extranjeros en las negociaciones, no permitida por sus antecesores, se debió a la doble nacionalidad colombiana y francesa de Betancourt y a la nacionalidad norteamericana de los contratistas de la compañía Northrop Grumman, proveedora de servicios de reconocimiento para el Plan Colombia, financiado por los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y, desde 2002, contra el terrorismo.
El mensaje de Uribe pareció claro: la venia para sentirse a sus anchas en territorio colombiano era temporal y precaria. Una cortesía de la casa, apenas.
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