El salvador de El Salvador

Getting your Trinity Audio player ready...

Después de nueve meses en estado de excepción, El Salvador cree que encontró al salvador. El presidente Nayib Bukele aplica la mano dura contra las pandillas con la bendición de la ciudadanía. Una catapulta para entusiasmarse con su reelección en 2024 mientras bajan los índices del delito, pero crece la falta de garantías de los derechos humanos. El precio, demasiado alto, supone un deterioro de la democracia mientras el autoritarismo gana terreno. En menos de un año hubo 1.000 casos graves de violaciones y abusos y la muerte de al menos 90 personas bajo custodia del Estado salvadoreño.

Un sondeo de LPG Datos, del diario La Prensa Gráfica, de San Salvador, dice que el 87,8 por ciento de los salvadoreños aprueba los tres años y medio de gestión de Bukele y que el 89,5 por ciento está de acuerdo con el combate de policías y militares contra las pandillas más allá de los métodos. Otro, hecho por la ONG Fundaungo, recoge cifras similares: el 89,8 por ciento se siente conforme con el estado de excepción, renovado cada 30 días en ocho ocasiones durante 2022.

¿En qué consiste? La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, sancionó en marzo una ley que limitó la libertad de asociación; suspendió el derecho a ser informado sobre las razones de la detención y la asistencia de un abogado; amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención, y permitió a las autoridades intervenir la correspondencia y los teléfonos móviles de quienes consideran sospechosos. Un día antes hubo 62 homicidios en el país, atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival, Barrio 18.

En casi todo el mundo, el declive de las normas democráticas se ve alimentado por esfuerzos en socavar los resultados electorales, el desencanto con los partidos políticos, la desconexión de los líderes con los problemas reales y el auge del extremismo en los gobiernos, como certifica el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con sede en Estocolmo. En el caso de El Salvador, el autoritarismo llevó a Bukele a ordenar que los pandilleros encarcelados vivan hacinados en pequeñas celdas, no tengan colchonetas para dormir y reciban solo dos comidas diarias.

Las maras, tildadas de terroristas por la Corte Suprema de El Salvador en 2015, llevan dos décadas provocando zozobra. Tres años antes, la Mara Salvatrucha había sido incluida en la lista de organizaciones criminales del gobierno de Estados Unidos. Sus primeras huellas datan de los años ochenta. Tras la cruenta guerra civil de El Salvador, que dejó 75.000 muertos y 12.000 desaparecidos entre 1979 y 1992, medio millón de salvadoreños emigraron. En su mayoría, a Los Ángeles. Muchos se incorporaron en la pandilla Barrio 18, formada solo por mexicanos. De ella se desprendió la Mara Salvatrucha.

Los métodos de Bukele, en el gobierno de 2019, no tienen restricciones legales gracias a la anuencia de la Asamblea Legislativa

Integran las pandillas más de 76.000 jóvenes y adultos llamados homeboys. Las dirige una suerte de organismo de decisión colectiva nacional e internacional que se hace llamar ranfla. Está dividido en clicas, células que tienen sus propios cabecillas, nombres y jergas. Durante el estado de excepción, los empresarios del transporte público de pasajeros, por ejemplo, aseguran que dejaron de ser extorsionados. Pagaban mensualmente para circular hasta 700 dólares, algo así como 19 millones entre todos.

Bukele resucitó el llamado Plan Mano Dura de Francisco Flores, presidente entre 1999 y 2004. En 2003, Flores logró que la Asamblea Legislativa incluyera en los códigos penal y procesal la palabra mara, propia del argot delictivo. Debe su nombre a las hormigas marabuntas. Tony Saca, presidente entre 2004 y 2009, lanzó el Plan Súper Mano Dura. Ni esos planes ni los siguientes funcionaron.

Los métodos de Bukele, en el gobierno de 2019, no tienen restricciones legales gracias a la anuencia de la Asamblea Legislativa. Un poder domina a otro poder. Al extremo de haber cerrado por completo durante dos días la tercera ciudad más poblada de la periferia de San Salvador, Soyapango, para capturar a más de 100 miembros de ambas pandillas. En una comunidad de la capital del país, Tutunichapa, también cercada a cal y canto, 1.000 soldados y 130 policías detuvieron a 500.

La guerra contra las bandas criminales, involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, erosionó el Estado de Derecho. Si bien hubo una disminución de la violencia, las detenciones incluyeron a personas que no tenían relación alguna con las pandillas: 2.100 han sido liberadas, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Las organizaciones defensoras de esos derechos no niegan el descenso de los homicidios, pero cuestionan la estrategia del llamado Plan Control Territorial de Bukele, convencido de ser el salvador de El Salvador.