La impunidad cerca a Guatemala




Un documental sobre la ejecución de presos en un penal pone sobre el tapete los crímenes de lesa humanidad no resueltos en el país centroamericano

En la madrugada del 25 de septiembre de 2006, una legión de policías, soldados y guardias de presidios retomó el control de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, cerca de la ciudad de Guatemala. La cárcel estaba en poder de los reclusos. En ella regía una suerte de autogobierno del cual no participaban las autoridades penitenciarias. La comisión de disciplina, administrada por los presos, mantenía el orden, disponía de los recursos, asignaba concesiones, emitía títulos de propiedad, otorgaba préstamos, cobraba impuestos, imponía obligaciones y juzgaba a los rebeldes. Tras el operativo, siete reclusos resultaron muertos.

¿Qué hubo detrás del asalto, ordenado por el gobierno de Oscar Berger (2004-2008)? En el documental “Contra la impunidad”, producido por el realizador argentino Oscar Feito, el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, explica que el fin era retomar el control de la cárcel, pero “la autoridad se excede, va fuera de todo lo que prescribe la ley”. Lo dice alguien que, como militar, estuvo bajo las órdenes del dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), condenado en mayo de 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el primer proceso de ese tipo en tribunales nacionales. En su breve gestión de 17 meses fueron asesinados 1.771 mayas ixiles.

En el estremecedor documental sobre el caso Pavón, dirigido por el periodista argentino Román Lejtman, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2007 bajo el alero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pondera la actuación de la justicia universal, pero también exhibe sus limitaciones frente a una madeja de encubrimientos y corrupción. Los avances se dieron, más que todo, gracias a la acción de la justicia universal. Esta cruzada, abrazada por Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz de origen guatemalteco, se extiende a los 200.000 mayas muertos y desaparecidos en su país entre 1962 y 1996.

El documental, rodado en 2012, difundido en 2014, procura demostrar que el gobierno de Berger ordenó las ejecuciones de determinados presos más allá de la situación irregular en la cual se encontraba la cárcel. El tráfico de drogas y el crimen organizado tuvieron mucho que ver, según varios testimonios. “Era un secreto a voces que las fuerzas armadas actuaron al margen de la ley y se convirtieron en delincuentes”, afirma el presidente Pérez Molina. Es el alfil de un gobierno que ha cobrado trascendencia por su afán en despenalizar las drogas para reducir la violencia en un país minado por la desigualdad y, a la luz del caso Pavón y otras atrocidades, por la impunidad.



Be the first to comment

Deja un comentario