Claves del proceso de destitución de Dilma Rousseff




Su definición: "Tentativa de golpe de Estado disfrazada"
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La presidenta de Brasil se enfrenta al peor momento de su gobierno, con una crisis económica latente, un escándalo de corrupción en curso y una popularidad cada vez más esquiva

El proceso de destitución contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, iniciado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, podría llevar varios meses e inclusive fracasar antes de completarse. Es posible también que no prosperen los fundamentos jurídicos o que, de avanzar, no tenga el apoyo legislativo suficiente.

La oposición acusa a la presidenta de haber maquillado las cuentas públicas de 2014 y 2015 en forma deliberada. Con el fin de minimizar el impacto de la crisis económica, Rousseff habría cargado gastos del gobierno a los bancos públicos en 2014. Esas prácticas se habrían repetido después de ser reelegida, en 2015. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) recomendó en octubre a los diputados que rechazaran las cuentas de 2014.

Se trata, según la oposición, de un «crimen de responsabilidad» por la violación de la Ley de Finanzas Públicas. En caso de comprobarse, la destitución de la presidenta está prevista en el artículo 85 de la Constitución brasileña. En su defensa, Rousseff, cuya popularidad ha caído en forma notoria en coincidencia con el escándalo de corrupción de Petrobras, acusó a la oposición de promover «una tentativa de golpe de Estado disfrazado» y de actuar por revancha tras la ajustada derrota electoral de 2014.

¿Cómo sigue el proceso?

1) Se creará una comisión especial de diputados que sea representativa de cada partido presente en la Cámara. Una vez formada, esa comisión dispondrá de 15 sesiones para votar un informe sobre la eventual destitución.

2) El informe será inscripto en el orden del día del plenario de los diputados que deberán votar la acusación contra la presidenta. Son necesarios dos tercios del total (342 de los 513) para iniciar el impeachment (juicio político).

3) De ser acusada, Rousseff sería apartada en forma provisional del cargo durante un máximo de 180 días. El Senado debería juzgarla en una sesión plenaria dirigida por el presidente de la Corte Suprema. Son necesarios dos tercios de los votos del Senado (54 de los 81) para destituirla. De lo contrario, reasumirá sus funciones.

De ser destituida, Rousseff (del PT, izquierda) sería sucedida por el vicepresidente Michel Temer (del PMDB, centro) hasta las presidenciales de 2018.



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