La conjura de los medios




La falta de oposición lleva a ciertos mandatarios a confundir el rol de los periodistas

Orwell tiene una virtud: la honestidad. Presencia la Guerra Civil Española desde un solo lado: la atalaya de la milicia trotskista del Partido Obrero de Unificación Marxista (Poum), desarticulada por Stalin. Les avisa a sus lectores que es parcial. Confirma de ese modo su máxima sobre la libertad: es poder decir que dos y dos son cuatro. Tan sencillo como eso. Dos y dos son cuatro, pero, según sopla el viento, ¿son tres o, acaso, cinco? En esas dudas caemos si confiamos en ojos que no son nuestros y repetimos conclusiones que tampoco son nuestras. Corremos el riesgo de inferir que dos y dos son tres o cinco. Con el tiempo quizás admitamos que son cuatro. O no. Va en cada uno.

En ocasiones, la honestidad tiene un costo: poder decir una sola vez que dos y dos son cuatro. Eso ocurre, en teoría, en las dictaduras. Orwell rema contra la corriente. Lo encasillan, según sopla el viento, en la izquierda y la derecha. Usa metáforas para despotricar contra el fascismo y el comunismo, aunados en una sola lacra: el totalitarismo. ¿Aún es fascista, o de derecha, aquel que deplora la opresión en Cuba y comunista, o de izquierda, aquel que deplora la desigualdad en los Estados Unidos? Es lo mismo tildar de oficialista al que elogia algo bueno de un gobierno y de opositor al que objeta algo malo de él. Subestimar al prójimo cuesta menos que entenderlo.

El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, prefiere periódicos sin un gobierno antes que un gobierno sin periódicos. No defiende el interés de un sector, sino un pilar de la democracia. Años después, durante la dura campaña tras la cual gana las elecciones, el viento sopla en contra. Los periódicos ventilan su vínculo con una esclava mulata con la cual tiene un hijo que no reconoce y, por eso, monta en cólera: “Deploro el estado putrefacto al que han llegado nuestros periódicos y la malignidad, la vulgaridad y el espíritu mendaz de quienes escriben en ellos”. Monta en cólera, pero no arría sus banderas. Tampoco arriesga votos: la libertad, igualada por su puño y letra con la búsqueda de la felicidad y la vida como derechos inalienables del hombre en la Declaración de la Independencia, no incluye a los esclavos.

Simón Bolívar define a la opinión pública como “el objeto más sagrado” y a la imprenta como “la artillería del pensamiento”. Renuncia a los poderes ilimitados, reclamados ahora por Hugo Chávez. Exalta el “derecho de expresar” opiniones por ser “el primero y más estimable del hombre en sociedad; la misma ley jamás podrá prohibirlo”. ¿En qué fuente abreva entonces su más fiel devoto del siglo XXI, el presidente de Venezuela, para arropar un truculento proyecto de ley especial contra delitos mediáticos en medio de la clausura de 34 emisoras, las amenazas contra otras 250 y los ataques contra la cadena de televisión Globovisión tras el cuestionado cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV)?

Espanta el mero nombre del nuevo engendro, hijo de la intolerancia a la información adversa. Propone condenar a prisión al que ose crear “una percepción falsa de los hechos o una matriz de opinión en la sociedad” capaz de provocar conmoción o daños mayores. Lo rechaza la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría de número “rojo, rojito”. No por aberrante, sino por redundante: están previstas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, llamada ley resorte, penas por difamación, injurias y calumnias.

No hay político sin tachas ni gobierno sin culpas. Chávez viene radicalizándose desde el conato de golpe de Estado en 2002. Enarbola desde entonces un furioso decálogo: los medios forman parte de la crisis porque hacen y difunden la agenda de la oposición; el discurso presidencial debe apuntar contra ellos; el debate debe brillar por su ausencia, y la prensa alternativa, ejercida por sus partidarios, debe desplazar a la tradicional, ejercida por opositores.

Esa confusión de roles aviva la añeja obsesión de encasillar a los periodistas en la izquierda o la  derecha, según sopla el viento, sin reparar en que un gobierno sin periódicos, metáfora de los afanes totalitarios, terminaría siendo pernicioso para cualquier sociedad. En otros países de América latina, la ausencia de partidos de oposición también crea un vacío que los gobiernos insisten en llenar con periodistas.

Libres de responsabilidad no estamos los periodistas, renuentes a replantearnos el quiebre de la deontología profesional, la manipulación de la información, la falta de transparencia y la fragilidad laboral. Nada amerita, más allá de las pulseadas usuales entre gobiernos y medios por distintas razones, los azotes de Chávez, traducidos en el tono burlón de las cartas que envía la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a las emisoras en apuros: “Es grato dirigirme a ustedes para notificarles que están fuera del aire”.

Sólo en 1998, las pruebas de ADN de los descendientes de Jefferson ratifican su paternidad. En sus años, cuando aún candidato a presidente, se irrita con los periódicos por el escándalo que desata la noticia. No puede contra la verdad, oculta durante varias generaciones. No puede contra ella porque quizá, como confiesa por escrito, “preferiría ser expuesto a los problemas de tener demasiada libertad que a aquellos relativos a tenerla en un grado demasiado bajo”. Seguro, respondería Bolívar, “más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”. Contra la tiranía se ensaña Orwell; usa el arma más filosa de la colección: la honestidad. Y es difícil no creerle que dos y dos son cuatro.



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