La persecución de la crítica

A falta de oposiciones políticas consolidadas, presidentes y expresidentes suben al ring a los periodistas o, peor aún, los amenazan con sanciones penales




Milei, desaforado contra el periodismo

Las libertades de expresión y de prensa sufren una gran restricción en América, según el Índice de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En el estudio, coordinado por académicos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, a través de una red de expertos, el promedio de las 22 naciones analizadas en la quinta edición, entre el 2 de agosto de 2023 y el 1 agosto de 2024, se halla por debajo del rango medio en la clasificación. Eso representa un descenso por segundo año consecutivo. La medición va a caballo de la erosión de la confianza en el periodismo en buena parte de las sociedades.

El capítulo de Argentina, titulado La persecución de la crítica, dice que en los primeros seis meses de la gestión del presidente Javier Milei, iniciada el 10 de diciembre de 2023, cuatro de cada diez agresiones contra los periodistas provinieron del gobierno: “La mayoría fue hecha por el propio presidente de la Nación, replicado por un ejército de influencers y trolls en las redes sociales. El discurso estigmatizante contra los periodistas y los medios de comunicación, frecuente en gobiernos anteriores por su tirria hacia la prensa tradicional, aumentó en este período, marcado por una creciente hostilidad”.

La escuela de Donald Trump, con sus ataques constantes contra aquellos que piensan diferente, condecora a un discípulo

Esa hostilidad se vio reflejada en el brutal ataque fuera del Congreso Nacional contra un móvil de Cadena 3, de Córdoba. Un reflejo del extremo al cual se puede llegar cuando un polo del arco ideológico u otro identifica al periodismo y a los medios de comunicación como los responsables de las penurias de un país. El cronista de la radio, Orlando Morales, cubría una concentración contra la Ley Bases y el paquete fiscal enviados por el gobierno al Senado. Lo golpearon, volcaron al vehículo y, sin ocupantes, le prendieron fuego. No hubo detenidos por ese hecho en particular.

La escuela de Donald Trump, con sus ataques constantes contra aquellos que piensan diferente, condecora a un discípulo. Milei, en las antípodas de la izquierda y de los piqueteros, ganó las presidenciales en el balotaje del 20 de noviembre de 2023. Sus ataques contra el periodismo se remontan a 2018, cuando era panelista en un programa de televisión. Desde su investidura, los agravios pasaron de insultos como “ignorantes”, “estúpidos” y “burros” a amenazas y juicios civiles. Entre 2021 y 2023, como diputado nacional, tuvo más de 20 incidentes con la prensa.

Esa retórica lamentablemente normalizada no solo radica en el agravio personal, semilla de la autocensura. Corre por otros carriles cuando se emplean sanciones penales para acallar voces críticas. Se trata de una tendencia alarmante empleada por los gobiernos y otros agentes, según el informe El uso de la legislación financiera para presionar, silenciar e intimidar a periodistas y medios de comunicación, de Edward Pittman y Elisa Juega, publicado por la Unesco. Lo destaca el periodista Ricardo Rivas, corresponsal en Argentina del diario La Nación, de Paraguay, y embajador por la paz de la Fundación Red Voz por la Paz.

“Existe un patrón preocupante de abuso de la legislación financiera y de los procedimientos administrativos para acusar a periodistas»

Dice el informe: “Existe un patrón preocupante de abuso de la legislación financiera y de los procedimientos administrativos para acusar a periodistas, con frecuencia como parte de un paquete de cargos de delitos económicos y no económicos y acompañados de campañas de difamación. Muchos procesamientos se saldan con largas penas de cárcel y multas considerables. A diferencia de los cargos por calumnias o difamación, no es necesario establecer una conexión entre el contenido producido por el periodista o el medio de comunicación y la acusación”.

Un atropello, acaso peor que los insultos de presidentes y expresidentes en las cloacas de las redes sociales. Entre 2005 y 2024 hubo 120 acusaciones de ese tipo. Seis de cada 10, entre 2019 y 2023, muestran un fuerte aumento en la aplicación de esos recursos contra los periodistas. Un informe de 2023 de la Fundación Thomson-Reuters define ocho categorías de amenazas legales contra periodistas: evasión fiscal, lavado de dinero, extorsión, chantaje, financiamiento del terrorismo, fraude, malversación y recepción ilegal de fondos del exterior. Tan atroces como las diatribas cuando no existen más pruebas que una horda de fanáticos reclamando un pelotón fusilamiento.

Jorge Elías



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