Cuestión de vida o muerte




China aplica la pena de muerte mientras, al estilo argentino, el principal asesor de Fujimori compra a opositores

Ficción: el alcalde de un pueblo de China, acosado por el dilema de la quiebra de una empresa pública, descubre en la cruzada que emprende en aras de salvarla que los dirigentes más conspicuos del partido, sus mejores amigos, su hermano y su mujer están involucrados en un escándalo de corrupción.

Fricción: el régimen gubernamental de China, acosado por una purga fenomenal que compromete a casi 200 funcionarios, policías y militares de rango diverso, quiso dar un ejemplo de rigor con la ejecución de Cheng Kejie, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular, por haber aceptado sobornos. Rodó, de ese modo, la cabeza de más alta jerarquía desde 1949.

Realidad: la visita a China de Fernando de la Rúa, acosado por la certeza de los argentinos de que funcionarios de su gobierno habrían chantajeado a senadores ajenos y propios con tal de obtener el rédito político de la aprobación de una ley tan espinosa para el justicialismo como la reforma laboral, coincidió con la ficción (el éxito de taquilla de la película “Cuestión de vida o muerte”, de Yu Benzhen) y con la fricción (la mayor campaña contra la corrupción desde el comienzo de la era comunista).

La vuelta de De la Rúa coincidió, a su vez, con otra realidad: la Argentina no es el único país en el cual el poder compra voluntades. En el Perú, un video captado por una cámara oculta en una pared falsa, dentro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), muestra a Vladimiro Montesinos, algo así como el Rasputín de Fujimori, en el preciso momento en que entrega un sobre con dinero a un congresista de la oposición, Alberto Kouri, dispuesto a venderse al oficialismo.

¿Cunde la picardía argentina? No necesariamente. En la década del 80, las instituciones de Colombia, en especial el Congreso, quedaron expuestas a los designios del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Con una consigna: plata o plomo. Es decir, aceptaban plata (sobornos) o recibían plomo (balazos). Estaban todos amenazados por los Extraditables, organización cuya razón de ser era impedir que el gobierno permitiera que los capos de la droga fueran extraditados a los Estados Unidos. Ni Ernesto Samper, presidente entre 1994 y 1998, quedó al margen: fondos del narcotráfico nutrieron su campaña electoral.

“Cuestión de vida o muerte”, como la película. No apta para todo público por tratarse de fricciones y de realidades diferentes. Que, en el caso de China, han derivado en la identificación de los espectadores con los esfuerzos del alcalde que, sofocado por la basura que va encontrando debajo de la alfombra, no tiene más remedio que entregar a su mujer a las autoridades y, como correlato de ello, renunciar al cargo.

Es, en la fricción, una suerte de héroe, o de modelo, alentado por el primer ministro, Zhu Rongji, decidido en su afán de terminar con la corrupción con tal de preservar el sistema frente a la penetración de las virtudes, y de las miserias, de Occidente. Lo acompaña, en el final de la película, un personaje anónimo, de anteojos rectangulares de gran tamaño. Que, convengamos, no es otro que el presidente Jiang Zemin. Con un mensaje al viejo estilo, de corte doctrinario, con el que ambos pretenden renovar la fortaleza espiritual, o el voto de fe en el partido único, de la platea: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.

¿Existe la igualdad en donde, según el Banco Mundial, 106 millones de personas (11,5 por ciento de la población china o tres veces la población argentina) vive, o sobrevive, en la pobreza absoluta con ingresos diarios inferiores a un dólar? No. Tampoco existe en América latina, ni en Europa, ni en los Estados Unidos. Existe como motor, o ideal, de la ficción y de la fricción mientras De la Rúa, al igual que otros presidentes de todo tiempo y lugar, asimila una realidad que, como los amoríos de Bill Clinton o de John Kennedy, no era más que un rumor de pasillo disimulado debajo de la alfombra.

La corrupción, no los amoríos, dañó la imagen de Helmut Kohl. Un intachable, después de haber derribado el Muro de Berlín, hasta que se supo que giros de un traficante de armas engrosaron las cuentas bancarias de la Unión Cristiana Demócrata (CDU). De común acuerdo con François Mitterand, sospechoso de haber financiado su campaña de 1988 con facturas falsas.

Y ha sombreado, asimismo, las gestiones de Boris Yeltsin (por los negocios de La Familia, su círculo íntimo), de Bettino Craxi (blanco del movimiento milanés Manos Limpias por recibir comisiones ilegales), de Felipe González (por los informes fantasmas de un conglomerado que habría reportado ganancias al Partido Socialista Obrero Español), de Yasser Arafat (por las acusaciones frecuentes de la oposición Hamas), de Ehud Barak (por haber usado fondos de asistencia para su campaña), de Benjamin Netanyahu (por haber aceptado regalos de precio excesivo) y, entre otros, de Clinton (por haber alquilado la cama de Lincoln en beneficio del Comité Nacional Demócrata).

Son, o han sido, líderes todos ellos. No congresistas descarriados, como en la Argentina y en el Perú, o amenazados, como en Colombia, ni funcionarios públicos, policías o militares, como en China. Tocados, como barcos en la batalla naval, por el cáncer universal, como define Transparency International a la corrupción, contra el cual no hay vacuna que valga. En su último informe no se salvan ni los Juegos Olímpicos de Sydney, precedidos por un escándalo de soborno en el que se vio envuelto el Comité Olímpico Internacional.

La solución no pasa por el método chino: un tiro en la nuca, pena de muerte al fin, a un nuevo rico que, como uno de los personajes de la película china, se pasea con su pulposa amante en un Mercedes Benz gracias al contrabando de petróleo, de autos, de caucho, de cigarrillos y de otros productos que permitió en complicidad con la aduana y con las fuerzas de seguridad. Pasa, a lo sumo, por sistemas judiciales probos e independientes (no integrados por magistrados que no pueden probar ni el origen de sus propias fortunas) y, si cuadra, por reglas más estrictas sobre el derrotero de los fondos públicos.

O, como en los Estados Unidos, por una ley que regule el llamado cabildeo, o lobby, en el Congreso, de modo de que un funcionario argentino, o un particular, no pueda sobornar a su antojo a algunos senadores. Ni que Montesinos, un capitán despedido del ejército por sospechas de espionaje en el cual descansa el poder de Fujimori, manchado de ilegitimidad después de su segunda reelección, pueda subir con total descaro el pago al congresista Kouri de 10.000 a 15.000 dólares. Más barato, al parecer, que sus pares de este lado de la frontera.

Influencias siempre ha habido. Mentora del cabildeo en los Estados Unidos ha sido en 1840 una mujer, Dorothea Linde, que procuraba convencer a los congresistas de las ventajas de un proyecto de ley de protección de los inválidos mientras hacía guardias en el lobby (vestíbulo); de ahí, el nombre. Sobornos también siempre hubo. Sin ellos, las vías de los ferrocarrilles no surcarían hoy todo su territorio.

Pero en 1946 sancionaron la Federal Regulation Lobbyng Act, retocada en 1995 con una ley de divulgación de los datos de los cabilderos, por la cual deben inscribirse en un registro si pretenden ejercer presión sobre los congresistas. Modelo adoptado, en 1997, por Europa.

Es una actividad mal vista en algunos países que Thomas Jefferson, presidente norteamericano entre 1801 y 1809, llamó diálogo de la democracia por la posibilidad de compatibilizar los intereses particulares con el bien común. Parte de una fórmula simple: si los congresistas no le prestan atención, no serán reelegidos. Y tendrán mucho de qué arrepentirse, por más que la cuestión no siempre sea de vida (plata) o muerte (plomo). En sintonía, quizá, con un proverbio chino, que en medio de la ficción, de la fricción y de la realidad, reza: “Si no quieres que nadie se entere, no lo hagas”. Oportuno, por cierto.



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