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Por Juan Alberto Cajar B. | La Estrella de Panamá
Río de Janeiro es sinónimo de hermosas playas, samba, el carnaval, y últimamente, de tanquetas junto a unos 3,200 efectivos de las Fuerzas Armadas del país.
La reciente militarización del estado de Rio por el presidente Michel Temer, ha hecho saltar las alarmas y despertar enormes suspicacias sobre la eficacia, justificación y motivaciones, para el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna.
La principal razón del Ejecutivo brasileño, son los altos niveles de inseguridad que vive el estado de Rio.
Solo el año pasado, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP), se reportaron 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes —unos 6,723 muertos por año—, un retroceso que vuelve a los registros de la década anterior, cuando en el 2009 la tasa de muertes violentas era de 44.9 por cada 100 mil habitantes —7,106 muertos—.
Para tener una idea, de acuerdo con el PNUD, es considerado una ‘epidemia’ cuando la tasa de homicidios alcanza las 10 muertes por cada 100 mil habitantes.
A esto se suma un aumento de la ola de robos y asaltos en el estado.
Pese a los graves problemas de la violencia que azota el país, el despliegue militar en Rio es visto con recelo y preocupación por diferentes sectores de la sociedad brasileña.
La medida tomada por Temer y aprobada luego por el Congreso, es la primera en escala federal desde la promulgación de la Constitución de 1988, que derogó la creada por la dictadura militar.
‘El crimen organizado casi se ha hecho con el control de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo’, ha dicho Temer, para justificar su decisión; sin embargo, esto no ha apagado la polémica sobre la militarización, que desde la oposición se le acuse de tener visos de inconstitucionalidad y evocar los tiempos más oscuros del régimen militar brasileño.
A partir del decreto gubernamental, todas las direcciones civiles y policiales de Rio estarán bajo el mando de un general del Ejército, en cuya jurisdicción estará la policía militar y civil, los bomberos, la administración penitenciara, entre otros estamentos.
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