Política

España estrena ultraderecha

Las elecciones autonómicas tocaban en marzo de 2019. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decidió adelantarlas. Creía que eran un trámite. Uno más. Las encuestas daban por descontada la enésima victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el territorio que gobierna desde hace 36 años. Ganó Díaz, pero el batacazo de Vox provocó un tembladeral en la socialdemocracia, en caída libre en casi toda Europa. Por primera vez un partido de ultraderecha, primo hermano de la Agrupación Nacional (antes Frente Nacional francés) de Marine Le Pen, ingresa en un parlamento autonómico español. La excepcionalidad era extraña en un continente en el cual campea el miedo a la amenaza externa. El miedo a los inmigrantes. Vox pasó de cero a doce diputados en Andalucía. Contribuyeron a su escalada el desempleo, la precariedad laboral, la sensación de arrebato de puestos de trabajo por parte de extranjeros y las sospechas de corrupción del PSOE, en el gobierno nacional después de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy e impuso al presidente Pedro (leer más)

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La corrupción tumbó a Rajoy

¿Por qué Mariano Rajoy prefirió caer por la moción de censura en el Congreso de los Diputados de España en lugar de dimitir, como machacaba su sucesor, Pedro Sánchez? Porque, argumentó, la trama de corrupción Gürtel no afectó a miembros de su gobierno y el Partido Popular (PP) sólo ha sido sancionado civilmente por obtener beneficios ilícitos de la actividad punible de otros. La reforma del Código Penal, promovida en estos años por el PP, permite juzgar a los partidos políticos, pero es posterior a la trama Gürtel y, por ese motivo, no pudo aplicarse en ese caso. Rajoy prefirió caer con las botas puestas en una votación que dependió de votos variopintos. De haber renunciado, Sánchez, diputado y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no se hubiera visto obligado a reunir más síes que noes para ser investido (180 contra 169 y una abstención) y Rajoy se hubiera ahorrado el bochorno de ser destituido por el mecanismo constitucional previsto por el Reglamento del Congreso de los Diputados para “exigir la responsabilidad política del gobierno”. (leer más)

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El divorcio catalán

De ser por la ley, Cataluña debió cerrar su herida tras la aplicación por primera vez en la historia del artículo 155 de la Constitución de España. No sólo no la cerró. La abrió aún más. El resultado de las elecciones extraordinarias del 21 de diciembre refleja la fisura entre los que anhelan la secesión y los que la rechazan. La solución no es jurídica, como supuso el gobierno de Mariano Rajoy, sino política. El factor ausente durante el procés (proceso independentista), más allá de la avalancha de votos que recibió Inés Arrimadas, la candidata por Ciudadanos, aunque no pueda formar gobierno. Un signo del declive de los partidos tradicionales, el Popular (PP) y el de los Socialistas de Cataluña (PSC). Un signo, también, de la vitalidad de los independentistas. Durante la transición, la Diputación permanente del Parlament ha resuelto presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155, que derivó en la destitución de Carles Puigdemont y de los suyos. La votación en el máximo órgano gubernamental de (leer más)

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En España ganó la incertidumbre

  En 160 países, la opinión de la gente resultó unánime: la mayoría quiere un buen empleo, así como paz y libertad, según Gallup. La cuna de los indignados de la Europa continental en 2011, España, no iba a ser la excepción. La tasa de desempleo ronda el 21 por ciento. En las presidenciales, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy obtuvo la mayoría de los votos, no el voto de confianza con el cual se hubiera asegurado la reelección. La irrupción de Pablo Iglesias, de Podemos, afín a la izquierda, y de Albert Rivera, de Ciudadanos, afín al empresariado, desplazó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez. Terminó la rutina del bipartidismo. ¿Quién ganó entonces? La incertidumbre. Después de las elecciones, el sistema parlamentario español prevé reuniones del rey con el presidente y los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Felipe VI debe proponer a uno de ellos para formar gobierno. El designado ha de ser elegido por la mayoría absoluta en la primera sesión del Parlamento. De no lograrlo, una (leer más)