Nicaragüenses forzados al destierro
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ordenó el despojo de la nacionalidad y la confiscación de los bienes de 135 críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fueron desterrados a Guatemala el 5 de septiembre. En 2023, tras ser despojada de su nacionalidad junto con otros 93 nicaragüenses, Azahálea Solís, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica y del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, pasó por ese trance. Dice en Cuarto de Hora, programa de CADAL TV, desde Costa Rica: “Nicaragua se ha convertido en una enorme cárcel para la ciudadanía”. El régimen, a su vez, hizo una controvertida reforma del Código Penal destinada a enjuiciar a opositores, lo que le permitiría imponer cadena perpetua a los condenados por lavado de activos. La aprobó la Asamblea Nacional. Según esa enmienda, las leyes penales nicaragüenses se aplicarían también a delitos cometidos fuera del territorio nacional. Entre ellos se encuentran las amenazas a la integridad nacional, el tráfico de migrantes, las infracciones contra la administración pública, los ciberdelitos y cualquier otro delito perseguible (leer más)