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Nicaragüenses forzados al destierro

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ordenó el despojo de la nacionalidad y la confiscación de los bienes de 135 críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fueron desterrados a Guatemala el 5 de septiembre. En 2023, tras ser despojada de su nacionalidad junto con otros 93 nicaragüenses, Azahálea Solís, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica y del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, pasó por ese trance. Dice en Cuarto de Hora, programa de CADAL TV, desde Costa Rica: “Nicaragua se ha convertido en una enorme cárcel para la ciudadanía”. El régimen, a su vez, hizo una controvertida reforma del Código Penal destinada a enjuiciar a opositores, lo que le permitiría imponer cadena perpetua a los condenados por lavado de activos. La aprobó la Asamblea Nacional. Según esa enmienda, las leyes penales nicaragüenses se aplicarían también a delitos cometidos fuera del territorio nacional. Entre ellos se encuentran las amenazas a la integridad nacional, el tráfico de migrantes, las infracciones contra la administración pública, los ciberdelitos y cualquier otro delito perseguible (leer más)

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“El Salvador está escribiendo la historia de color rojo sangre”

“No porque dejemos de hablar de las pandillas van a dejar de existir”, dice el pintor salvadoreño Renacho Melgar en el programa Cuarto de Hora, de CADAL TV. En las montañas de Chalatenango, donde vive, tiene libertad para crear, pero, a raíz de las reformas del Código Penal y de la Ley de Proscripción de Pandillas introducidas por el presidente Nayib Bukele, se expone a penas de 10 a 15 años de prisión en caso de exhibir su obra, como ocurre con los periodistas y los medios de comunicación. El estado de excepción invocado por Bukele en su guerra contra las pandillas se convirtió en un arma para embestir contra los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de prensa. La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, sancionó una ley que agrava las condiciones carcelarias de los pandilleros o mareros y, en uno sus incisos más controvertidos, considera adultos a los mayores de 12 años. Se trata de un mecanismo de represión y de disuasión, en medio de la peor ola de violencia en (leer más)