La luz al final del túnel

En ocasión del Día contra la Pena de Muerte, que se recuerda cada 10 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de varios países se pronuncian contra una medida que no previene el crimen Pocos días después de que el papa Francisco se pronunciara contra la pena capital en el Congreso de los Estados Unidos, los ministros de Relaciones de varios países, como Suiza, Argentina, Brasil, España y Australia, entre otros, han ratificado esa postura. Lo han hecho en un comunicado con conjunto en ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se recuerda cada 10 de octubre. Los ministros de 18 países de distintas latitudes firmaron un comunicado en el que hacen “un llamado conjunto por un mundo que respete la dignidad humana”, ya que “la pena de muerte, un tema complejo, continúa cuestionando los valores fundamentales de nuestras sociedades y desafiando nuestra respectiva comprensión de la justicia penal”. Si bien apoyan y respetan “la posición de aquellos que todavía apoyan el uso de la pena de muerte” y creen “que todas (leer más)

Afortunados los mexicanos, que cultivan “el entendimiento del pasado y la ayuda en la construcción de un mejor futuro”. Tan afortunados que, gracias a Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO, han sido glorificados por la Guía Ética para la Transformación de México. Una suerte de Biblia después de haber padecido “el régimen neoliberal y oligárquico que imperó en el país entre los años ochenta del siglo pasado y las dos primeras décadas del siglo XXI”. Ese estigma, dice, “machacó por todos los medios la idea de que la cultura tradicional del pueblo mexicano era sinónimo de atraso y que la modernidad residía en valores como la  competitividad, la rentabilidad, la productividad y el éxito personal en contraposición a la fraternidad y a los intereses colectivos”. Nada de eso, mis cuates (amigos). Pórtense bien. Gracias a la prédica evangélica del gobierno, los mexicanos ya no deberán “acomodarse a los vaivenes de la economía”. En el pasado reciente, “los más altos funcionarios dieron ejemplo de comportamientos corruptos y delictivos y de desprecio por el pueblo y hasta (leer más)

El referéndum de Cataluña del 1-O, llamado desafío catalán en Madrid, ahondó la fisura de España. No sólo por la represión emprendida con saña y alevosía contra los votantes por la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las órdenes del gobierno de Mariano Rajoy, sino también por la pasividad de Mossos d’Esquadra (policías autonómicos), a las órdenes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Esa división, pública y notoria durante la investigación y la resolución de los atentados terroristas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, se profundizó aún más durante la bochornosa jornada que sentó las bases de la independencia de facto. La consulta era ilegal. No tenía validez. Había sido suspendida por el Tribunal Constitucional de España. Puigdemont desoyó el dictamen, así como el Parlamento catalán. Con la violencia desatada en las calles, los catalanes en particular y los españoles en general pagaron la factura del fracaso de la alta política. Tanto de Puigdemont y de Rajoy como de los líderes del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, (leer más)