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La farsa electoral de Nicaragua

Finalmente, el gobierno de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, consumó la farsa electoral en Nicaragua. Una victoria sin atenuantes ni adversarios. No porque no hubiera candidatos opositores, sino porque la mayoría terminó presa e inhibida antes de las presidenciales con el pretexto de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”. Argucia hecha ley por la Asamblea Nacional a finales de 2020, de modo de aceitarle el terreno a Ortega para su quinto mandato, el cuarto consecutivo. La oposición quedó bloqueada como en las anteriores, las de 2016. Entonces, por la Corte Suprema. Esta vez, el mejor discípulo de la dinastía Somoza, a la cual derrocó al frente de la Revolución Sandinista de 1979, apeló a otro poder, el Legislativo. En la norma de título pomposo y apenas dos artículos, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, estampó su firma la diputada Loria Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional. Una excusa para iniciar la razzia (leer más)