¿Justicia o venganza en Bolivia?
Treinta años de prisión pidió el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, para la expresidenta Jeanine Áñez, detenida en forma preventiva durante cuatro meses que, ante la posibilidad de fuga, pasaron a ser seis. La acusan de terrorismo, sedición y conspiración. Causas, en apariencia, de la renuncia de Evo Morales, en 2019, después de haberse presentado para un cuarto mandato en las elecciones a pesar de haber sido vetado en el referéndum de 2016. Áñez, trasladada de la cárcel de mujeres a Obrajes a la de Miraflores cuando creyó que iba a ser asistida por un cuadro de hipertensión, aduce que no provocó el mentado Caso Golpe de Estado. Tanto machacan los llamados progresistas latinoamericanos con la teoría del lawfare, cual guerra judicial o jurídica contra gobiernos salpicados por escándalos de corrupción, que uno de los suyos, el de Luis Arce, exministro de Economía de Morales, culpa a Áñez del golpe de Estado, pero pasa página de uno de sus artífices en caso de haberlo sido, Luis Fernando Camacho, nuevo gobernador de (leer más)
