¿Espías con placa?
En el primer Boletín Oficial de 2026, el presidente de Argentina firmó un decreto de necesidad y urgencia mediante el cual modificó la Ley de Inteligencia. Con 41 artículos, Javier Milei determinó una nueva estructura organizativa del Sistema de Inteligencia Nacional, así como sus funciones y deberes. «Modificar Ley de Inteligencia a través de un DNU es absolutamente inconstitucional», afirma Roberto Saba, profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, en Cuarto de Hora, programa de CADAL TV. Desde 1983, ningún gobierno ha podido resistir la tentación de usar los servicios de inteligencia como un brazo ejecutor de la política doméstica. Esto parece ir un paso más allá. Con la reciente reforma por decreto, el gobierno le ha devuelto a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) la capacidad de realizar detenciones “en auxilio judicial o flagrancia”, además de inyectar miles de millones en fondos reservados sin un control parlamentario claro. Se habla de modernización y de nuevas amenazas, pero también se encienden alarmas sobre el control judicial y la (leer más)