Estados alterados en la ONU




Entre la libertad y la seguridad, los Estados Unidos optaron por evitar otro atentado terrorista en su territorio después de la voladura de las Torres Gemelas. Esa política, centrada en la seguridad, se nutrió de actos tan poco virtuosos como el espionaje en el exterior, la detención de sospechosos y el asesinato selectivo. La granada ha estallado en las manos de Barack Obama durante la inauguración del 68º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta vez no hubo olor azufre como cuando Hugo Chávez comparaba a George W. Bush con el diablo, sino recelo por los excesos no rectificados por su sucesor.

El costo de las arbitrariedades es político, más allá de que, por el fisgoneo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) en el correo electrónico de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, compañías norteamericanas se hayan beneficiado en licitaciones y otros negocios. En el reproche, Rousseff halló una oportunidad. Le fijó precio a la violación de su intimidad y de la soberanía nacional: reclamó apurar la demorada reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para 2015 y, dada la “limitada representación” de los países emergentes, dejó entrever el interés de su país en ocupar una banca permanente.

Es un viejo anhelo de Brasil, de modo de equiparar a los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia como miembros permanentes del máximo garante de la paz desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La falta de consenso en ese ámbito y el poder de veto de los gobiernos han diluido varias veces su predicamento, como en la última guerra contra Irak y en Siria desde que estalló la guerra civil. De esos argumentos irrefutables se han valido los mandatarios que, en esta ocasión, insistieron en demandar una reforma estructural de la ONU, ineficaz, también, en el conflicto entre israelíes y palestinos, entre otros.

En política valen más los errores ajenos que los aciertos propios. Entre bambalinas, de concretarse la reforma con música y letra de Brasil con el apoyo de los Estados Unidos, Rousseff habrá obtenido más rédito que otros presidentes sudamericanos empeñados en denunciar el doble estándar de los centros financieros y sus representantes políticos, como Cristina Kirchner, o en crear un “tribunal de los pueblos” para juzgar a Obama por “delitos de lesa humanidad”, como Evo Morales, agraviado por el secuestro de su avión en Europa ante la infundada sospecha de que llevaba a Edward Snowden, fugitivo de la justicia norteamericana.

Que Rousseff haya postergado la visita que iba a hacerle a Obama en octubre no hace más que reforzar el precio fijado a los Estados Unidos por el espionaje, en el cual incluyó una mayor presencia de los países emergentes (es decir, de Brasil) en el Fondo Monetario Internacional. Obama, sin responderle, pasó página por Siria e Irán, vitales en otros aspectos. De las quejas del Sur, como de costumbre, tomó nota su gobierno, también blanco de críticas de Nicolás Maduro por haberle cerrado el espacio aéreo de Puerto Rico en el viaje que realizó a China.

De las quejas, aunque sean justas, casi nadie saca más dividendos que respetuosas disculpas. Si caben. Es el costo político que están dispuestos a pagar los Estados Unidos por la seguridad, con un soldado preso por haber ventilado sus secretos y un espía en fuga por haber creído que la libertad tenía más valor que precio. Ese es también el precio de la realpolitik, muchas veces desdibujado por discursos grandilocuentes de aparente injerencia doméstica y difusa repercusión internacional. Al final del día, esos discursos no ablandan los corazones ni los bolsillos y otros, más astutos, pasan por la caja.

 



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