La política de vecindad, clave para gestionar la inmigración en la UE

La campaña de la Unión Europea para externalizar el control de sus fronteras ha tenido un gran coste y es muy probable que acabe siendo insostenible




Familia iraquí en el centro de detención de la isla Samos, Grecia | Foto de Mohammad Ghannam, MSF
Por Luigi Scazzieri | Centre for European Reform | Esglobal

El foco principal de la respuesta de la Unión Europea a la crisis migratoria ha sido buscar la cooperación de terceros países para controlar mejor sus propias fronteras. La UE firmó un acuerdo con Turquía en marzo de 2016 y respaldó los intentos de Italia de cooperar con las autoridades libias para vigilar mejor sus costas y tomar medidas más enérgicas contra el tráfico de personas. En este último aspecto, la Unión y sus Estados miembros también han dado dinero y material a países de tránsito como Níger. Esta estrategia ha permitido reducir el número de llegadas de 1,8 millones en 2015 a 205.000 el año pasado. Sin embargo, ha tenido un gran coste humano. Durante el viaje, los migrantes sufren la violación de sus derechos humanos, sobre todo en Libia, donde son encarcelados, víctimas de la violencia y, a veces, incluso terminan vendidos como esclavos. Y la obsesión por evitar que lleguen a Europa significa que gente que tendría muchas posibilidades de obtener el asilo no puede ni siquiera presentar una solicitud.

La Unión Europea ha tratado de mitigar los efectos negativos de esta estrategia. Ha dado dinero a organizaciones como la agencia de los refugiados de la ONU, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el fin de mejorar las condiciones de vida en los centros de recepción de Libia y ayudar a 15.000 de los inmigrantes más vulnerables a regresar a sus países de origen. Asimismo, la Unión ha animado a los Estados miembros a acoger a refugiados procedentes directamente de campamentos en terceros países, procedimiento denominado reasentamiento. Desde 2015, la UE ha reasentado aproximadamente a 29.000 personas y la Comisión quiere que los países europeos recoloquen a 50.000 entre febrero de 2018 y mayo de 2019. Pero estas cifras son pequeñas comparadas con los que llegan a territorio europeo de manera ilegal.

Hay dos razones por las que Europa ha querido endurecer el control de sus fronteras exteriores. La principal es que las llegadas incontroladas, sobre todo cuando son de un gran número de personas, pueden suponer una tremenda presión para el país de acogida, alimentar el sentimiento antinmigración y fortalecer a los grupos euroescépticos. El segundo motivo es que a los Estados miembros les resulta muy difícil devolver a su país de origen a las personas cuya solicitud de asilo es denegada. En Italia se tarda 400 días en alcanzar una primera decisión y 380 días en Alemania. Si a una persona le han rechazado la petición de asilo, el proceso de apelación puede durar años. Incluso cuando le dan la orden de expulsión, a la UE le cuesta que salgan de su territorio. En 2017, los Estados miembros ordenaron a 516.000 personas que abandonaran suelo europeo, pero solo lograron que lo hicieran 211.000. La dificultad para repatriar a los inmigrantes que no obtienen el asilo da a Europa un incentivo más para dificultarles la entrada desde el principio.

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