Titulares

Declaración conjunta contra la pena capital

Una pena que no sirve

En ocasión del Día contra la Pena de Muerte, que se recuerda cada 10 de octubre, los ministros de Relaciones Exteriores de varios países se pronuncian contra una medida que no previene el crimen

Pocos días después de que el papa Francisco se pronunciara contra la pena capital en el Congreso de los Estados Unidos, los ministros de Relaciones de varios países, como Suiza, Argentina, Brasil, España y Australia, entre otros, han ratificado esa postura. Lo han hecho en un comunicado con conjunto en ocasión del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se recuerda cada 10 de octubre.

Los ministros de 18 países de distintas latitudes firmaron un comunicado en el que hacen “un llamado conjunto por un mundo que respete la dignidad humana”, ya que “la pena de muerte, un tema complejo, continúa cuestionando los valores fundamentales de nuestras sociedades y desafiando nuestra respectiva comprensión de la justicia penal”.

Si bien apoyan y respetan “la posición de aquellos que todavía apoyan el uso de la pena de muerte” y creen “que todas las personas tienen derecho a ser protegidas contra el crimen y la violencia”, los ministros consideran que “las ejecuciones por parte del Estado no deben tener lugar en el siglo XXI” y que “los sistemas de justicia modernos deben aspirar a más que sólo una represalia”.

¿Cuáles son las objeciones? “Contrario a la creencia popular –dicen–, no existe evidencia alguna que respalde el argumento de que las ejecuciones detienen o previenen el crimen, incluyendo delitos relacionados con drogas, el tema del Día Mundial de este año. Ningún sistema judicial está completamente exento de error, lo que significa que una sentencia de muerte puede recaer en un inocente. Frecuentemente, las penas capitales son impuestas en forma desproporcionada a personas pobres, vulnerables y marginadas, agravando la discriminación en contra de los más débiles en la sociedad”.

Esto implica que las penas capitales “fracasan en proveer compensación equiparable o consuelo espiritual a las víctimas de crímenes o a sus familias. Ejecuciones por parte del Estado resultan en más odio y violencia, el efecto completamente opuesto a lo que los sistemas de justicia modernos deberían aspirar a alcanzar”.

Firman la declaración conjunta los ministros Héctor Timerman (Argentina), Julie Bishop (Australia), Saliou Akadiri (Benín), Mauro Vieira (Brasil), Moussa Bédializoun Nébié (Burkina Faso), Manuel González Sanz (Costa Rica), José García-Margallo (España), Ratu Inoke Kubuabola (Fiji), Albert Ferreros del Rosario (Filipinas), Lener Renauld (Haití), Claudia Ruiz Massieu (México), Edgars Rinkēvičs (Letonia), Béatrice Jeanine Atallah (Madagascar), Lundeg Purevsuren (Mongolia), Børge Brende (Noruega), Grzegorz Schetyna (Polonia), Didier Burkhalter (Suiza) y Feridun Hadi Sinirlioğlu (Turquía).

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