Como te digo una cosa te digo la otra




Putin y Cristina: amigos son los amigos

La coherencia no siempre es el principio que rige la política internacional, como lo demuestra ahora el debate desatado por la anexión de Crimea a Rusia

De pronto, el gobierno español inició una escalada contra el británico por el contencioso de Gibraltar. En agosto de 2013, un remolcador fondeado en las inmediaciones del peñón había arrojado bloques de hormigón al mar para construir un arrecife artificial. Los bloques, con pinchos de hierro, destrozaban las redes de los pescadores españoles, aquejados por la crisis. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, presentó una batería de denuncias por “violación del derecho internacional en aguas españolas”, “violación del derecho de la Unión Europea y sus normas medioambientales”, “delito medioambiental” y “delito penal”.

Hasta evaluó sopesar una alianza con la Argentina, por su diferendo con el Reino Unido por las islas Malvinas, para actuar unidos en foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La desalentó el subsecretario de Asuntos Exteriores británico, Alistair Burt: definió a España como un “gran aliado” y, al aludir a la Argentina, advirtió: “Siempre juzgas a los amigos por las compañías que tienen”. La nacionalización de la empresa petrolífera YPF, filial de la multinacional española Repsol, aún estaba en carne viva. Fin de la cita, como supo decir el presidente español, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.

Fin de la cita y, también, de la intención de equiparar un contencioso con el otro. España y la Argentina pueden apoyarse en sus demandas contra los enclaves coloniales británicos, pero no encararlas en forma conjunta por razones coyunturales. Las relaciones bilaterales entre sí mismos y con el Reino Unido están sujetas a intereses puntuales. En las Malvinas hubo un referéndum en marzo de 2013, no reconocido por la Argentina. Sus habitantes ratificaron su adhesión a la soberanía británica. Fue apenas un trámite. Lo bendijo el gobierno de David Cameron tres décadas después del hito que divide las aguas con cualquier otro diferendo: la guerra de 1982.

En Gibraltar, los bloques arrojados al mar recrearon recelos. Hubo mayores requisas y protestas en la Línea de la Concepción, el paso desde Cádiz, llamado la Verja. En ella, España estableció un puesto de control en 1954. Ese año, la reina Isabel II visitó al peñón. Ese año, también, el dictador soviético Nikita Khrushchev entregó la península de Crimea a Ucrania. Seis décadas después, su anexión exprés a Rusia, tras un referéndum precedido de la ocupación militar en represalia por la caída del gobierno de Víktor Yanukóvich, aliado de Vladimir Putin, llevó a decir al canciller ruso, Sergei Lavrov, que ese territorio “significa muchísimo más para Rusia que las Malvinas para el Reino Unido o las islas Comores para Francia”.

Los gobiernos europeos, con los Estados Unidos a la cabeza, condenaron a Rusia por la violación del derecho internacional. La Argentina apoyó en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución contra el referéndum, pero se abstuvo en la Asamblea General. Votó como Brasil, miembro del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Entre una votación y la otra, Putin mantuvo una amable conversación telefónica con la presidenta argentina, Cristina Kirchner. El intercambio comercial entre Rusia y la Argentina, de 1.800 millones de dólares, incluye el interés ruso en inversiones en varios rubros, incluido el nuclear.

El doble estándar de Gran Bretaña, denunciado por Kirchner en su afán de insistir en el reclamo de las Malvinas, involucra a todos, incluida la Argentina. ¿Por qué tienen derecho de autodeterminación Sudán del Sur y Kosovo, no los kurdos, Taiwán y el Tíbet (China) y Chechenia (Rusia)? Si lo tiene Crimea, ¿por qué no Gibraltar, Cataluña, Escocia (Reino Unido) y Quebec (Canadá)? Ningún país es coherente. El colmo: Gran Bretaña está “cada vez más decepcionada” con los Estados Unidos por su falta de apoyo a la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas, según el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes. Fin de la cita.



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