Mucho Estado, poco bienestar




La clase media global tiene la extraña sensación de pagar más impuestos a cambio de pocos o cada vez menos servicios. En Europa continental, la gente protesta en las calles por esa razón, más allá de que demande intervención estatal en la reactivación de la economía y la creación de empleo. En Gran Bretaña están irritados por los recortes del gasto público, lo cual significa que el Estado no administra bien sus ingresos. En América latina, la bonanza de los últimos años ha impreso mayor rigor con los contribuyentes. En los Estados Unidos, demócratas y republicanos hacen equilibrio al borde del llamado “abismo fiscal”.

El Estado, atado a los humores de los mercados, no resuelve por sí solo la mayor encrucijada de estos tiempos: aquel que no tiene empleo corre el riesgo de sufrir depresión, ansiedad y sus derivados; aquel que lo tiene, pero se siente mal pagado, estresado, subestimado e inseguro, puede estar igual o peor que el otro, según un estudio de la Universidad de Melbourne, Australia, volcado en la revista Occupational and Environmental Medicine. En ambos casos, un test conocido como Mental Health Inventory (MHI) arrojó cuadros clínicos similares, no contemplados en las políticas públicas de empleo y bienestar.

En los Estados Unidos, la gente de mediana edad es más propensa que los jóvenes y los mayores a preocuparse por sus finanzas personales, según un reciente sondeo de Gallup. En esa franja, aquellos cuyas edades rondan entre los 50 y los 64 años viven más pendientes del bolsillo y de la estabilidad que los de 30 a 49 años. Los de 18 a 29 años temen no poder pagar el seguro médico; los de 30 a 49 temen no poder pagar la jubilación y la universidad de sus hijos, y los de 50 a 64 años, así como los mayores, temen no poder costear los mismos gastos y mantener su nivel de vida.

Frente a la crisis, el Estado debe aumentar el gasto público a pesar de la resistencia de la gente a pagar más impuestos. Los mercados le tienden la trampa: suelen castigar al Estado si obra de ese modo, resintiendo la posibilidad de encarar obras y, con ellas, crear empleo en forma indirecta. De no hacerlo, la misma gente, harta de ver gravadas por el fisco desde la compra de alimentos hasta sus operaciones bancarias, protesta por su ineficacia. En el medio, una legión de jubilados y pensionados cobra sus haberes de esas arcas, exhaustas en algunos países por las erogaciones en su propio funcionamiento y en salud, educación, fuerzas armadas y tribunales.

En los siglos XVI y XVII, Max Weber definió al Estado como el monopolio de las fuerzas armadas y los impuestos. Era el embrión de aquello que, denominado Leviatán por Thomas Hobbes, brindaba seguridad a los ciudadanos a cambio de sus contribuciones. La Revolución Francesa, así como la norteamericana, iba a estallar por el aumento de los impuestos. Lo mismo ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando se disparó el gasto en armas y creció la necesidad de contar con fondos de asistencia social para vivienda, salud y educación. En 1945, la Segunda Guerra Mundial también iba a demandar tributos extraordinarios.

En 2011, cuando las protestas ganaron la calle en España, otros países de Europa, Israel, China, Medio Oriente y los Estados Unidos, terminó un ciclo. El Estado, antes propenso a cumplir con el contrato social brindando empleo, educación, salud y otros servicios, comenzó a desentenderse de las necesidades de la gente. Si los británicos que ganaban mucho en la década del setenta pagaban fortunas en impuestos, ahora procuran evitarlo. Gran parte de los aportes de las próximas dos generaciones será para saldar deudas, no para mejorar los servicios. El contrato social no ha muerto, pero difícilmente sobreviva.

En el siglo XX, más allá de las guerras y las crisis, las erogaciones del Estado en países capitalistas superaron la mitad del producto bruto interno después de haber sido, en las postrimerías del siglo anterior, de apenas el 10 por ciento. En algunos casos, como sucede en determinados países de América latina, la plantilla de empleados públicos creció en forma desproporcionada con la excusa de crear empleo y, al mismo tiempo, sumar voluntades para el partido del gobierno. Ese fenómeno, también frecuente en Europa, no sólo involucra al Estado nacional, sino, también, a sus primos menores, el provincial y el municipal.

Entonces aparece la corrupción, antes denostada, ahora casi aceptada. Quien promete en nombre del Estado puede ganar votos a corto plazo y, después, gobernar con tarjeta de crédito. La culpa será de los banqueros, los políticos o, como chivo expiatorio, los inmigrantes. Cada nuevo gobierno tapa el déficit del anterior. Esa dinámica pudo ser útil hasta que estalló la crisis de 2008. El desmesurado crecimiento del gasto público puso en una disyuntiva hasta a aquellos que se quejan de pagar impuestos a cambio de poco o nada.

Por ejemplo, ¿de qué vale tener un coche último modelo si, por falta de seguridad o por el calamitoso estado de las calles, uno no puede sacarlo del garaje? Es una pregunta políticamente incorrecta. El modelo del Estado de bienestar, influido por la idea keynesiana de aumentar el gasto público, prosperó desde 1945 hasta la caída del Muro de Berlín, en 1989. Luego, retomando a Reagan y Thatcher, hubo un intento de llevar al Estado a su mínima expresión. Imposible, excepto que el mercado conceda los beneficios y asuma los costos de un cambio tan inexorable como oneroso.



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