Su pregunta molesta




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En la cresta de una de las peores crisis económicas de la historia reciente, Mariano Rajoy esquiva a la prensa como Superman a la kriptonita. El presidente del gobierno español huye en forma ostensible de una guardia periodística que intenta obtener una declaración suya en los pasillos del Senado. Se detiene en seco, echa mil maldiciones con la mirada a sus colaboradores y, sin pronunciar palabra, cruza en silencio y muy molesto el enjambre de cámaras y grabadores. Le falta colgarse un cartelito con la leyenda: su pregunta molesta. Habría imitado, en cierto modo, al vicepresidente argentino, Amado Boudou, cuyo cartelito, con el nombre de un periódico, lleva la palabra “miente”.

Ni en España, la Argentina u otros países hay santo sin pecado. Difícilmente, un periodista en una conferencia de prensa, de haberla, sea capaz de ponerse a la altura de un mandatario y acertarle en el entrecejo como un francotirador. Tampoco es la intención. Presidentes latinoamericanos como Néstor Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez, entre otros, no han vacilado en reprenderlos y ridiculizarlos en público. Libres de culpa pueden no estar algunos directivos de medios de comunicación que, ciegos en la defensa de sus intereses más allá de sus presuntos principios, han contribuido a quebrar la deontología profesional y manipular información en beneficio propio.

En el medio, periodistas acosados por el fantasma de la fragilidad laboral y los magros salarios fueron desairados por el difunto ex presidente Kirchner, más cómodo con los fotógrafos “porque no preguntan”; imputados de “terrorismo mediático” por Morales; llevados a juicio por Correa, y desairados por Chávez. Es un territorio hostil. Medios de comunicación que antes eran prestigiosos pecan en aceptar ahora el penoso papel de partidos de oposición. Todos los caminos conducen a la autocensura. Varios gobiernos logran de ese modo aquello que se propusieron muchos en el pasado: controlar la agenda informativa.

En América latina, la fórmula se basa en un puñado de precarias y dudosas convicciones volcadas en una suerte de hoja de ruta:

•           Los medios de comunicación hacen y difunden la agenda de la oposición.

•           El debate debe brillar por su ausencia.

•           El discurso gubernamental debe apuntar contra los medios de comunicación, confundidos adrede con la oposición.

•           La libertad de expresión está garantizada; no cuentan las amenazas ni las intimidaciones ni las agresiones.

•           La prensa alternativa, manejada por partidarios del oficialismo con fondos estatales, debe desplazar a la tradicional, ejercida por periodistas confundidos con opositores.

Esos gobiernos se muestran como los enemigos de aquellos que, en apariencia, son los enemigos de la gente, empezando por los llamados “medios hegemónicos”. Sin cercenar la libertad de expresión, la creciente intolerancia ha creado los obstáculos que deben sortear a diario los periodistas. Organizaciones independientes como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y otras insisten en que el gobierno argentino debe responder preguntas en lugar de incurrir en monólogos para el aplauso fácil de su entorno.

En la Argentina es habitual que la presidenta Cristina Kirchner use y abuse de la cadena oficial para hacer anuncios y rebatir imputaciones. En las últimas semanas se suponía que el vicepresidente Boudou iba a brindar una conferencia de prensa. Terminó soltando un extenso soliloquio sobre una “telenovela mediática”. Un departamento de su propiedad había sido allanado por orden de un juez que, desprolijo en su proceder, resultó acusado de apañar un «entramado mafioso» y administrar su despacho como una «agencia de noticias».

De la andanada de críticas del brazo derecho de Cristina Kirchner, sospechoso de utilizar su influencia cuando era ministro de Economía para favorecer a una imprenta de papel moneda, no se salvó ni el fiscal encargado de la investigación ni el sistema judicial. Tampoco ahorró diatribas contra el blanco favorito del gobierno: la prensa.

Del oficialismo recibió un guiño en su contienda contra la “operación mediática”, también llamada “fusilamiento mediático”. Esos términos componen el frondoso glosario de la relación con los periodistas. Curiosamente, Boudou se quejó de la “baja calidad institucional del sistema judicial”, pilar de la democracia. La renuencia a brindar conferencias de prensa, instaurada como hábito, lejos está de ser la mejor herramienta para fortalecer las instituciones. En España, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, oficia de vocera gubernamental frente a la requisitoria periodística. En otros países hacen lo mismo funcionarios de menor rango nombrados y entrenados para ello. Es mejor que nada.



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