La ley del más fuerte

Es más fácil, rápido y redituable, para muchos, ingresar en el mundo del delito que abrirse camino con un empleo formal

En Inspección Los Pozos, caserío perdido en la pegajosa selva del sur de Colombia, Martha González esperaba, ansiosa, su día libre semanal para bailar vallenato. Tenía 25 años en 2000. Tenía 25 años y un novio (estaba asociada, en su léxico). Había pasado más de la mitad de su vida en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se ufanaba de “ser guerrillera”. No se imaginaba con otra ropa que no fuera el uniforme. Su historia no sonaba descabellada. El ejército había matado a su padre cuando ella era adolescente. Debía optar entre acatar las órdenes de Tirofijo o rezar por la cosecha. El fusil R-15, cruzado sobre una mesa endeble, respondía por sí mismo y partía nuestro diálogo en dos.

En esa disyuntiva se ven no pocos adolescentes de zonas marginales en América latina. En Paraguay, uno de cada siete chicos de 10 a 17 años no va al colegio y nueve de cada 10 no tienen seguro médico, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En México, casi una cuarta parte de los 27 millones de jóvenes no estudia ni trabaja, según el diario El Universal.

En las pandillas encuentran la contención que nunca tuvieron en sus familias. En la cárcel o el reformatorio, si caen, no se readaptan. Aceitan sus contactos y perfeccionan sus técnicas. Y, cumplida la pena, se ven nuevamente en el aprieto de decidir entre un empleo formal, y poco redituable, o alguna que otra chamba (trabajo eventual) a riesgo de ser capturados. Tras las rejas, los novatos son maltratados por los reincidentes. El sistema induce al crimen, no a la inserción social.

En México, al igual que en América Central, las pandillas cometen la mayoría de los delitos. Los jóvenes pasan a ser carne de cañón de una amplia red de rufianes: desde narcotraficantes y secuestradores hasta partidos políticos. Las pandillas asedian, también, en los Estados Unidos: tendrían 800.000 miembros, según el FBI; la mitad serían inmigrantes latinoamericanos o hijos de ellos.

En California, la mayoría de los crímenes violentos tiene su sello. O su marca. Entre otras, la marca de la Mara Salvatrucha (MS-13), consolidada en El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Hasta en Canadá hubo indicios de su existencia.

En la ausencia del Estado, excepto en su versión militar, las maras encuentran el resquicio para reclutar voluntades. Martha González no recibía paga alguna de las FARC, pero, me decía, gracias a ellas había completado su educación primaria en San Vicente del Caguán, epicentro del área liberada en esos años por el presidente Andrés Pastrana para entablar los vanos diálogos de paz.

En América Central, la pobreza y la violencia no terminaron con los Acuerdos de Paz de Esquípulas II, firmados el 7 de agosto de 1987. Las guerras en cuatro países del itsmo, excepto en Costa Rica, se habían cobrado 350.000 vidas. Eran los últimos coletazos de la Guerra Fría. Dos décadas después, sólo en 2006 murieron 13.402 personas a manos de la delincuencia común. Las pandillas, o maras, tienen 70.000 miembros cuyas edades oscilan entre los 15 y los 30 años; suelen reclutar varones jóvenes sin sustento ni educación.

De Guatemala pasaron a Guatepeor en América Central. De un problema, el conflicto armado, pasaron a otro, la falta de oportunidades. En especial, para los más jóvenes. Del otro lado del mostrador, aquellos que deben impartir justicia no gozan de garantías. En Guatemala, precisamente, algunos jueces reciben instrucciones para resolver determinados casos, así como en México otra disyuntiva, ¿plata (dinero) o plomo (balas)?, condiciona sus fallos, según el Informe Global de la Corrupción 2007, de Transparencia Internacional.

En esas condiciones, con sistemas judiciales ineficaces y politizados y sociedades cada vez más fracturadas entre ricos y pobres en el continente más inequitativo del planeta, la mesa está servida para tentar a los adolescentes con salidas aparentemente más fáciles que imitar el modelo tradicional del esfuerzo en pos de un ideal.

El riesgo, en el caso de Martha González, se vio atenuado por el fresco de un mundo burgués, según su léxico, en el cual no sentía deseos de integrarse. Tenía techo, comida, instrucción y armas. “¿Qué más puedo pedirle a la vida?”, se preguntaba.

En el campamento de las FARC, a la vera de las montañas, se levantaba a las 4.20, tomaba un tinto(café) y, si no tenía pendientes, arreglaba sus cosas. A las 6 servían el desayuno (chocolate y arepa de maíz). A las 12, el almuerzo (frijoles, arroz, arvejas y jugo de mora). A las 5 de la tarde, la cena. Y a las 8 se iba a dormir. De los camaradas, a los cuales comparaba con “mamá y papá”, recibía el maquillaje y el esmalte. “Por ser guerrillera no dejo de ser mujer”, advertía. Y bailaba vallenato, su pasión, en el día libre semanal. ¿Qué más podía pedirle a la vida, pues?

Por ser maras tampoco dejan de ser hombres aquellos que se enrolan en sus filas. Planes contra la violencia hubo muchos: mano dura en El Salvador, escoba en Guatemala y libertad azul en Honduras. En varias ocasiones, los presidentes centroamericanos coincidieron en las causas: las guerras de los ochenta, la política de deportación de los Estados Unidos, las familias disfuncionales y la sistemática marginación de los pobres. Coincidieron en las causas, no en las soluciones.

La droga embarró aún más la cancha. En su momento, bajo la presión de George W. Bush, los gobiernos centroamericanos atestaron las cárceles de maras y de sospechosos de serlo. La MS-13 reaccionó de inmediato. Restringió el ingreso en sus filas, como si fuera un club selecto. Y, como los narcotraficantes colombianos, mexicanos y brasileños, comenzó a coordinar en los calabozos sus actividades en el exterior.

No queda sitio invicto de advertencias ante la posibilidad de asaltos, secuestros u otros peligros. En Caracas, la mera intención de dar una vuelta manzana a pie parece una osadía. En Santo Domingo, los botones y los taxistas inoculan miedo, de modo ganarse unos pesos extras con viajes ridículos de dos o tres cuadras hasta un restaurante. En Buenos Aires, ni te cuento.

En Río de Janeiro, 546 personas resultaron heridas o muertas entre enero y mayo como consecuencia de balas perdidas en enfrentamientos entre bandos rivales que se disputan puntos de venta de drogas en las favelas o en la ciudad, según registros policiales. En Los Angeles, según el alcalde Antonio Villaraigosa, seis de cada 10 crímenes fueron cometidos en 2006 por las pandillas. En Ciudad Juárez, México, siete de cada 10 tuvieron ese origen.

Las maras, rivales entre sí, dominan municipios enteros en América Central. En ellos imponen la ley del más fuerte: impuestos extorsivos, como las FARC con sus vacunas, con los cuales garantizan el derecho de transitar por tal o cual barrio. Se trata de un seguro de vida que no pagan sólo los ricos, sino, también, los pobres.

Los pobres, sobre todo los adolescentes, notan el poder de pertenecer a una organización de ese tipo, con tatuajes y códigos propios. Los pobres como Martha González, maravillada la primera vez que vio los uniformes y las armas de sus futuros compañeros. “No me dan ganas de ser civil, viendo lo que veo, ni de casarme y traer un niño al mundo”, confesó. Lo tenía prohibido, en realidad.