Hagamos un trato




Cómo negocian los gobiernos democráticos con grupos insurgentes que no deponen las armas ni se avienen al diálogo

En 2002, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos concluyó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían vínculos con el grupo separatista vasco ETA y su símil irlandés IRA. Habían sido capturados en Bogotá, el año anterior, tres miembros del IRA que asesoraban a las FARC en la zona de distensión cedida por el entonces presidente Andrés Pastrana para las negociaciones de paz. Colaboraban con las FARC, también, expertos cubanos e iraníes en terrorismo urbano. En ello había demostrado macabra eficacia ETA, ligada, a su vez, a la mafia rusa por el intercambio de armas por drogas.

¿Importaba que las FARC fueran primas de ETA y el IRA, hermanas de la mafia rusa, cuñadas de los brazos armados de Hamas o Hezbollah, viudas de la revolución bolchevique y padres de la delincuencia común? En ese año, uno después de la voladura de las Torres Gemelas, los congresistas norteamericanos estaban más sensibles que nunca. Pusieron énfasis en las relaciones entre esos grupos y, en cierto modo, condicionaron la ayuda para combatir el narcotráfico por medio del Plan Colombia. Las conexiones entre terroristas, si de rasgos generales se trataba, hubieran llegado fácilmente hasta Al-Qaeda. Lo cual, en principio, simplificaba las cosas. Las complicaba, también.

En cada país, más allá de las simpatías y de las afinidades de esos grupos con otros del exterior, los gobiernos democráticos lidian a su manera con cada uno de ellos. En la mayoría de los casos, excepto si responden con represalias, con gestos unilaterales de buena voluntad, o de fuerza mayor, en espera de reciprocidad. No siempre efectivos.

Frente al desafío que implica convivir en el mismo territorio, la violencia no suele dejar alternativa. Las negociaciones se prestan a chantajes. Tan frecuentes como la ansiedad por resolver los conflictos. Sin certeza del desenlace ni, a veces, del rédito aparente y del costo político.

¿Qué habría pasado en España si se hubieran confirmado las sospechas de José María Aznar y el Partido Popular (PP) sobre la participación de ETA en los atentados de Atocha en 2004? ¿Qué habría pasado en el Reino Unido si Tony Blair hubiera acusado al IRA de los atentados en Londres en 2005? En 10 años de pactos secretos en Irlanda del Norte, Blair nunca tuvo seguridad de los planes del IRA, no por ello legitimado.

Todo depende de los propósitos: no es igual negociar con grupos separatistas y nacionalistas como ETA o el IRA, empeñados en declarar la independencia, que con un grupo descentralizado como Al-Qaeda, empeñado en concebir un imperio bajo los preceptos religiosos del régimen talibán, o con otro como las FARC, empeñado en tomar el poder por el poder mismo.

Con fuerte oposición del PP, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, confió en marzo de 2006 en el cese del fuego acatado por ETA. Acatado por un rato: nueve meses después, una bomba dejó su huella en el aeropuerto de Barajas. En medio año, la tregua quedó en nada. Como en Colombia y en otros países acosados por el terrorismo, el enigma se cierne sobre la actitud de los gobiernos. Si hacen, porque hacen; si no hacen, porque no hacen. Si conceden, porque conceden; si no conceden, porque no conceden. Si toleran, porque toleran; si no toleran, porque no toleran.

En 1989, Felipe González apostó al diálogo y fracasó. En 1999, Aznar apostó al diálogo y fracasó. En Colombia, presidentes como Pastrana, Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria cedieron más de lo que obtuvieron en su vano afán de alcanzar la paz. Álvaro Uribe se ufanó de haber desmovilizado y desarmado a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la cara opuesta de las FARC, y de su sobrino, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero pagó un precio altísimo por las sospechas que ensombrecieron a su círculo íntimo por presuntos lazos con los hombres que, en su momento, respondían a Carlos Castaño.

Los paramilitares eran las FARC al revés: mataban dirigentes de izquierda y campesinos que colaboraban con ellos. Contra sus convicciones, no obstante ello, Uribe liberó un lote de presos de las FARC en canje por la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002, y otros rehenes de las FARC, como su compañera de fórmula, Clara Rojas, madre de un niño nacido en cautiverio, Emmanuel.

El padre de Emmanuel, uno de los captores, pudo haber sido separado de las FARC o ejecutado, según Jhon Frank Pinchao, el policía que pasó varios días en la selva tras escapar del campamento. En él permanecían, también como rehenes, tres contratistas norteamericanos cuyo avión se estrelló en 2003 en el sur de Colombia.

Uribe liberó, entre otros, al llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, imputado en Paraguay por el secuestro y el crimen de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau. Coincidió su decisión con el virus de la llamada parapolítica: desde el vicepresidente Francisco Santos hasta el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, así como la ex canciller María Consuelo Araújo, se vieron afectados por él. Influyó la presión de su par de Francia, Nicolas Sarkozy, por la ciudadanía francesa de Betancourt.

Como Pastrana, Uribe no recibió una señal de las FARC para entablar negociaciones. ¿Sólo actuó de buena fe? En 1998, la zona de distensión cedida por Pastrana a las FARC pasó a ser un territorio liberado en el cual Tirofijo, Mono Jojoy y Raúl Reyes, los cabecillas, hacían y deshacían a su antojo: imponían su ley, exigían las vacunas (impuesto revolucionario a cambio de seguridad) y no se avenían al diálogo. Creyeron que habían sido legitimados. En 2002, todo quedó en nada por falta de respuesta. Por falta de reciprocidad.

En Medio Oriente eran célebres los regalos de Yitzhak Rabin a Yasser Arafat cada vez que se reunían: le llevaba una lista de prisioneros palestinos que iba liberar. George W. Bush nunca quiso dialogar ni negociar con terroristas, entre los cuales encasilló a Arafat. El desastre en Irak y la crisis en Medio Oriente, más allá del deterioro de la imagen norteamericana y del peligro para sus ciudadanos en el exterior, son un reflejo del resultado de esa política, alentada por la dureza.

La dureza llevó a los congresistas norteamericanos, así como al Departamento de Estado, a dejar de distinguir entre los grupos de Colombia (antes, insurgentes o rebeldes) y los fundamentalistas de Afganistán, nutridos, ambos, por el narcotráfico. Involucrados en él, en realidad. Todos pasaron a ser terroristas, al igual que los separatistas vascos e irlandeses y los brazos armados de Hamas y Hezbollah. Con ellos, Colin Powell, el primer secretario de Estado del gobierno de Bush, no aconsejaba represalias, sino negociaciones.

Las FARC eran percibidas en la opinión pública europea, sobre todo en la francesa, con visos tan románticos como Marcos y sus zapatistas en México. Al menos, hasta que una de las suyas, Betancourt, corrió la suerte de miles de colombianos. Con la cesión de un territorio del tamaño de Suiza, Pastrana creyó que no podían negarse a dialogar. Con la liberación de los presos, ¿creyó Uribe lo mismo? Rota la tregua con ETA, Rodríguez Zapatero no tuvo opción: le reprochó haber dilapidado una oportunidad única. Que las FARC, ETA y otras bandas sean parientes no simplifica las cosas. Las complica aún más bajo el signo, o el trauma, de la amenaza mayor para los Estados Unidos: Al-Qaeda. El espejo que distorsiona.



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