¿Y dónde está el piloto?




La resolución transitoria del conflicto no da certezas sobre el futuro, acosado por el fantasma de la ingobernabilidad

Más allá de su petróleo, Hugo Chávez puso énfasis desde el comienzo de su gestión en un rasgo común con vastos sectores de Venezuela y de la franja andina: ser mestizo. Decía que no lo toleraban por ello. Era un toque distintivo, casi folklórico, respecto de otros presidentes, gracias al cual, repartiendo arepa y compartiendo penurias, iba ganándose la simpatía de quienes se identificaban con él. Ser mestizo era, en definitiva, como ser indígena; algo así como ser marginado a pesar de haber heredado los títulos de propiedad de las naciones originales.

En el discurso de Chávez abrevaron varios líderes de movimientos indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador, así como aquellos que, al filo de los noventa, empezaron a resumir el estigma de la década en un enemigo común: el neoliberalismo, pregonado por los Estados Unidos. Apareció entre ellos un tal Evo Morales, líder cocalero que, a diferencia del presidente peruano Alejandro Toledo, de tez tan cobriza como la suya, no se había contaminado en universidades norteamericanas ni en organismos internacionales de crédito.

En la frontera de México con Guatemala, países con gran presencia indígena, ya había irrumpido Marcos con sus reivindicaciones. Justas, pero, dentro del esquema formal, políticamente incorrectas. En otro tiempo, Morales también pudo haber desdeñado el sistema. Sobre todo, después de haber perdido las elecciones presidenciales frente al último candidato de los partidos tradicionales de Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada, depuesto en octubre de 2003. Fuera de la democracia, sin embargo, su Movimiento al Socialismo (MAS) no hubiera sido más que un grupo minoritario y, en cierto modo, extraño. O paria, incapaz de apuntalar desde el Congreso al presidente siguiente, Carlos Mesa.

Cerrado otro ciclo con la caída de Mesa y del tándem legislativo de la sucesión hasta el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, vanos fueron los esfuerzos del gobierno de George W. Bush de convencer a los cancilleres que asistieron a la asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la influencia de Chávez en la crisis de Bolivia. No tenía evidencias, como sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Y no logró consenso.

La crisis de Bolivia coincidió con la elección del nuevo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, urgido por las cuotas atrasadas de los países miembros, así como con los renovados bríos de Brasil en pos de declararse líder de América del Sur y de acceder a una banca permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en tanto prosperen las reformas encaradas por Kofi Annan.

Una, la OEA, se vio inhibida de actuar por la nacionalidad chilena de Insulza (Mesa y Morales pidieron que no metiera las narices en su país); el otro, Lula, se vio en la necesidad de asegurarse la provisión de gas boliviano, en peligro por las huelgas y las ocupaciones. Las otras burocracias, como la imprecisa Comunidad Sudamericana de Naciones, no hicieron más que expresar preocupación frente al fantasma de una guerra civil.

La muerte de un minero bajo el fuego de la policía militar aceleró el desenlace: ni Mesa ni el Congreso, impedido de reunirse en Sucre por falta de garantías en La Paz, querían hacerse cargo de otra represión después de las 56 vidas que costó la salida de Sánchez de Lozada. Querían evitarla, pero, envueltos en la telaraña de un modelo tan mezquino como dañino, no supieron cómo. Tampoco supieron prever el fondo del asunto: el llamado indigenismo militante, atizado con consignas antinorteamericanas (en contra de las multinacionales, en general) y con demandas de autonomías políticas y territoriales.

Frente a ello, con cuotas de poder en disputa en un vecindario no exento de grupos armados, la desigualdad como correlato de la pésima distribución del ingreso recreó, en cierto modo, los resentimientos contra la oligarquía y los terratenientes. Si no, el gobierno de Bush no hubiera temido que la pobreza y la ingobernabilidad, así como la discriminación y el desempleo, iban a alimentar el populismo, la demagogia y la inseguridad (física y jurídica) en medio de una globalización que, en principio, benefició a las minorías.

En Bolivia y en Perú, poco y nada recibieron los indígenas de la sustitución de los cultivos de coca, emprendida por los Estados Unidos con la venia de sus gobiernos, y poco y nada recibieron de las reformas económicas, emprendidas por sus gobiernos con la venia de los Estados Unidos. En las crisis posteriores, la democracia resultó fortalecida. Formalmente, digamos.

Una discriminación a la inversa, impulsada por líderes como Morales o Antauro Humala (el militar peruano que exigió la renuncia de Toledo, como Chávez en 1992 y Lucio Gutiérrez en 2000), forjó el proyecto de crear un Estado quechua y aymara en el norte de Bolivia y el sur de Perú bajo el nombre incaico de Collasuyo. En Ecuador, el Movimiento Indigenista Pachacutik acompañó y abandonó a otro presidente depuesto, Gutiérrez.

¿Qué tal si Chávez, ávido de invertir las ganancias de barriles de crudo cinco veces más caros que en 1999, cuando asumió la presidencia, tuviera intenciones de propagar su revolución bolivariana en la franja andina por medio de la explotación de sus recursos naturales?, como dejó entrever Roger Noriega, encargado de asuntos hemisféricos del Departamento de Estado. En ese caso, Morales sería la llave en Bolivia, así como en Perú y en Ecuador, tanto por el predicamento de su movimiento (más social que político) como por los problemas que atraviesan.

Evidencias, empero, no tuvo el gobierno de Bush para demostrarlo en la OEA, más allá de las sospechas sobre la compra de fusiles a Rusia que puedan terminar en manos extrañas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), o en las unidades populares de defensa, bajo el mando directo de Chávez ante una hipotética amenaza exterior que, después del conato de golpe de 2002, bien podría ser interna.

En la relación entre la tez oscura (indígena, mestiza o negra) y la pobreza halló el Banco Mundial el sinónimo del potencial revolucionario, o bolivariano, que pudo haber hallado Chávez, asesorado por Fidel Castro, de modo de inflamar nacionalismos más sutiles que los corrientes. Con una salvaguarda, al menos: la ruptura del ciclo de golpes militares como consecuencia de los fracasos civiles.

En el paradigma de la democracia latinoamericana, la protesta popular (sea el corte de ruta, sea el cacerolazo) suplió el llamado a los cuarteles tanto en Bolivia como en otros países en trances severos (la Argentina, incluida).

Frente a ello, la Carta Democrática de la OEA, con su requisito de democracia, mucho no ha hecho en Ecuador, por ejemplo: el gobierno de Alfredo Palacio, consecuencia de la caída de Gutiérrez, terminó siendo legitimado. Ni mucho ha hecho en Bolivia, paralizada por la multiplicación de reclamos en donde más duele a las multinacionales: desde incrementar los impuestos hasta nacionalizar los recursos.

Más allá de la angustia o de la necesidad de los vecinos de Bolivia, la OEA no pudo actuar por la falla de fábrica de Insulza (ser chileno), Brasil privilegió su interés nacional en desmedro de su pretendido liderazgo regional, la Comunidad Sudamericana de Naciones expresó tanta preocupación como por la limpieza étnica en Kosovo y los Estados Unidos, vedada su intervención directa, procuraron demostrar, más o menos, que Chávez tenía armas de destrucción masiva y Morales iba a usarlas. Cierto o no, frente a la creciente crisis de gobernabilidad de América latina, seré curioso: ¿dónde está el piloto?



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